A ocho días de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, la Ciudad de México vive un caos generalizado debido a las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Los maestros han paralizado la circulación en varias vías principales y el Centro Histórico, causando destrozos significativos.
El dilema del gobierno ante las protestas
El movimiento político que durante décadas ha capitalizado el recuerdo de la represión de 1968 se encuentra ahora en una encrucijada. La parálisis gubernamental ante estos actos no es casual, sino síntoma de una profunda contradicción ideológica. Durante años, este grupo construyó su legitimidad desde la disidencia callejera, santificando la protesta como la única vía legítima de expresión popular. Ahora, instalados en el poder, descubren que los monstruos que alimentaron desde la oposición no atienden llamados de fraternidad cuando hay intereses corporativos de por medio.
Sin embargo, el dilema que enfrentan las autoridades es falso: no debería ser entre anarquía o represión. Esa narrativa binaria es la que el oficialismo utiliza para justificar su inacción, sugiriendo que la única alternativa a tolerar el caos es el garrote. Nada más alejado de una democracia funcional.
Destrucción de estatuas y viralización
Ayer, los manifestantes derribaron las estatuas gigantes de jugadores de fútbol que adornaban Paseo de la Reforma, dejándolas desnudas y pintarrajeadas sobre la banqueta. Las escenas de destrucción se viralizaron en redes sociales, poniendo en entredicho los recientes llamados del gobierno a salir a las calles para "defender la soberanía". En las calles de la capital, manda la Coordinadora y nadie más.
La obligación de aplicar la ley
Los gobernantes deberían cumplir con su obligación de aplicar la ley y rescatar a los ciudadanos que han vivido secuestrados por el chantaje violento de la CNTE. La libertad de manifestación es un derecho constitucional, pero deja de serlo cuando se convierte en la anulación sistemática de los derechos de millones de personas a trabajar, trasladarse y vivir en paz.
Lo que se vive es el resultado inevitable de años de consentir a la CNTE, un grupo radical que ha convertido la presión social en una industria rentable de plazas, prebendas y privilegios sindicales. Cada concesión del pasado, cada mesa de negociación abierta tras un bloqueo salvaje, solo sirvió para enseñarles que el chantaje funciona.
La mirada del mundo sobre México
Con los ojos del mundo puestos sobre México por la inminencia del Mundial, la Coordinadora huele la debilidad institucional y eleva la apuesta. La respuesta oficial da vergüenza: las autoridades capitalinas y federales solo se preocupan de que la CNTE se apodere del Zócalo, donde ya se instaló la infraestructura del Fan Fest de la FIFA, sin importarles que al resto de la ciudad se la lleve el carajo.
Es fundamental insistir en que no se trata de reprimir, sino de aplicar la ley. El uso legítimo de la fuerza pública para liberar vías de comunicación y proteger la propiedad no es represión; es la esencia del Estado de derecho.
El mito de los infiltrados
Asimismo, es absurdo salirse por la tangente diciendo que los desmanes los han provocado "infiltrados" y no maestros. Ese viejo libreto de la provocación externa ya no engaña a nadie. La experiencia nos dice que sí son maestros, porque así es como se comporta la CNTE, una organización que históricamente ha validado la acción directa, el destrozo y la intimidación como herramientas de negociación.
Más allá de debates identitarios, sean quienes sean los encapuchados o los manifestantes, el gobierno está obligado a garantizar la libre circulación y evitar que los actos de vandalismo terminen costando a los contribuyentes, quienes pagan las reparaciones de los monumentos y el mobiliario destruido.
Al final, el costo de la cobardía política siempre se factura al ciudadano de a pie, atrapado entre un radicalismo gremial intransigente y una autoridad paralizada por sus propios complejos históricos.
