La consultoría Integralia presentó un reporte sobre el desempeño del nuevo esquema del Poder Judicial en México, correspondiente a sus primeros seis meses de funciones, de septiembre de 2025 a febrero de 2026. El diagnóstico principal señala una Corte con menor productividad, que tiende a resolver asuntos por la forma y no por el fondo, y que muestra señales de deferencia hacia los intereses estratégicos del gobierno federal.
Caída en la eficiencia resolutiva
Uno de los hallazgos más relevantes es la reducción en la eficiencia. Durante el primer semestre, la nueva conformación de la Corte resolvió mil 218 asuntos, lo que representa un 37% menos que los mil 944 asuntos resueltos por la anterior integración en el mismo periodo del año previo. Además, la carga de trabajo se ha concentrado de manera desigual: tres ministros (Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arístides Guerrero) absorbieron casi la mitad de los casos resueltos.
Predominio de resoluciones procesales
El reporte destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha privilegiado las determinaciones procesales. De los asuntos analizados, 7 de cada 10 (70.2%) se concluyeron sin que la Corte analizara el fondo del caso, resolviéndose principalmente por cuestiones técnicas o procedimentales. Solo el 29.8% de las resoluciones abordaron el fondo sustantivo de los problemas jurídicos planteados, concentrándose estos últimos en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Altos niveles de consenso
Pese a la percepción pública de división, los datos muestran altos niveles de consenso: casi ocho de cada diez asuntos se resolvieron por unanimidad o mayorías amplias. Sin embargo, cualitativamente se advierte una menor profundidad en el análisis jurídico y una menor solidez argumentativa en comparación con épocas anteriores.
Incertidumbre para el sector privado
Para el sector privado, el reporte advierte un entorno de menor certidumbre jurídica. Se ha detectado una tendencia de la Corte a favorecer los intereses gubernamentales en sectores clave como el energético, fiscal y regulatorio, lo que reduce el margen de maniobra de empresas frente a decisiones de la autoridad. En los casos donde el Poder Ejecutivo o el Congreso fueron parte, la Corte ha mostrado una inclinación favorable hacia ellos. Por ejemplo, en asuntos donde el Ejecutivo Federal actuó como demandante, en el 82.8% de los casos resueltos de fondo se declaró la invalidez de lo impugnado, tal como pretendía el gobierno.
Datos del primer semestre
- 1,218 asuntos resueltos por la nueva Corte entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.
- 37% de reducción en la productividad en comparación con el periodo previo.
- 70.2% (855 casos) de las resoluciones fueron de carácter procesal (sin entrar al fondo).
