Tras las acusaciones difundidas por un medio estadounidense, funcionarios de los estados de Sonora y Tamaulipas aseguraron que no existen pruebas, expedientes ni notificaciones oficiales contra los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal.
Sonora niega acusaciones contra Alfonso Durazo
Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, negó que el gobernador Alfonso Durazo enfrente investigaciones por parte de autoridades estadounidenses. La funcionaria calificó la información como falsa y aseguró que no existe ninguna notificación oficial que respalde los señalamientos difundidos por el medio estadounidense.
Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.
Tamaulipas rechaza señalamientos contra Américo Villarreal
En la misma línea, Gerardo Algarín, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, desmintió las acusaciones contra Américo Villarreal. El funcionario afirmó que se trata de "señalamientos falsos" que buscan presentar acusaciones de gran gravedad sin pruebas que las respalden.
Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya. Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde.
¿Qué dijo Los Angeles Times?
Según información publicada por Los Angeles Times, los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, habrían sido objeto de medidas migratorias por parte de autoridades estadounidenses en el contexto de investigaciones penales desarrolladas en Washington. El medio señala que, de acuerdo con fuentes consultadas de manera anónima, la visa de Durazo habría sido revocada desde el año pasado. En cuanto a Villarreal, la publicación sostiene que la investigación estaría vinculada con una presunta red de contrabando de combustible robado, actividad ilegal conocida en México como huachicol, según personas cercanas al caso citadas por el diario estadounidense.
Ante estas afirmaciones, los gobiernos estatales han reiterado su postura de rechazo y han exigido pruebas concretas que sostengan dichas acusaciones. Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha emitido una declaración oficial al respecto.
