Como parte de su discurso nacionalista, la presidenta Claudia Sheinbaum nos invita a confiar en las instituciones de justicia mexicanas. Lo hace en el contexto de la acusación de Estados Unidos contra diez funcionarios sinaloenses por presunta colusión con el crimen organizado. Sin embargo, ¿realmente podemos confiar en ellas? La respuesta es no, especialmente cuando se trata de instituciones relacionadas con la justicia.
Altos niveles de impunidad
Esta opinión se basa en los alarmantes niveles de impunidad que prevalecen en el país, ubicados entre los más altos del mundo. En México, quien comete un delito rara vez enfrenta las consecuencias. La probabilidad de que la justicia procese y castigue a un culpable es extremadamente baja.
Según datos de Impunidad Cero, solo el 6.4% de los delitos cometidos llegan a conocimiento de las autoridades. Esto se debe a que la ciudadanía no acude a las fiscalías, consciente de que solo perderá su tiempo. A menos que se trate de un delito grave, como un asesinato, o que se requiera la denuncia para cobrar un seguro, las víctimas optan por no denunciar, sabiendo que la justicia en México es prácticamente inexistente.
Del 6.4% de delitos que se denuncian, solo una pequeña fracción se resuelve. Impunidad Cero señala que la probabilidad final de que un delito cometido en México sea resuelto es de aproximadamente el 0.9%. Es decir, de cada cien delitos, unos 99 quedan impunes.
En el Índice Global de Impunidad 2024 de la Universidad de las Américas Puebla, México ocupa el lugar 80 de 94 países evaluados, situándose entre los 15 países con mayores niveles de impunidad del mundo.
Un sistema judicial fallido
La realidad es que el sistema judicial mexicano no está diseñado para proveer justicia. La ciudadanía evita denunciar debido a la burocracia de las fiscalías, que resulta un horror. En esas oficinas imperan la ineficiencia, la incapacidad y la indolencia. Los propios ministerios públicos desincentivan las denuncias, confesando a las víctimas que el crimen no se resolverá.
Los pocos casos que superan este primer filtro entran en un proceso moroso y caótico. Las fiscalías tienen una sobrecarga de trabajo debido a los escasos recursos materiales, financieros y humanos que les otorgan los gobiernos federal y estatales. La capacidad de investigación es prácticamente nula, y la cantidad de casos que se judicializan es mínima.
Los que llegan al Poder Judicial son poquísimos. Allí comienza la lentitud desesperante de los tribunales, agravada hoy por la reforma judicial y la inexperiencia de muchos nuevos juzgadores. Cuando finalmente se obtiene una sentencia, su ejecución también es tardía y complicada.
Justicia al servicio de la política
El problema es aún mayor cuando se trata de casos relacionados con políticos. En México, esto no ha cambiado con la llamada "Cuarta Transformación". Como en las mejores épocas del autoritarismo priista, las instituciones de justicia están al servicio de la política.
Hay dos tipos de situaciones: acusaciones injustas para desacreditar a adversarios políticos o completa impunidad para los aliados. En el primer rubro se encuentra el caso de Rosario Robles en el sexenio pasado. El expresidente Andrés Manuel López Obrador la tenía en la mira desde que rompieron políticamente. Al llegar a la Presidencia, la Fiscalía no la acusó de corrupción por el caso de la Estafa Maestra, sino del delito de ejercicio indebido del servicio público. Rosario fue encarcelada durante su juicio con prisión preventiva, y los tribunales terminaron exonerándola después de tres años bajo la sombra de un delito inexistente.
Para eso sirve la justicia en México: para castigar a los adversarios políticos y premiar a los aliados. Ejemplos hay muchos, pero uno especialmente escandaloso es el de Enrique Peña Nieto. Como el entonces presidente ayudó a AMLO a ganar las elecciones de 2018, el tabasqueño lo recompensó con completa impunidad. Toda la corrupción del sexenio peñista que apuntaba directamente al Presidente quedó en el olvido judicial. A Peña no lo tocaron ni con el pétalo de una denuncia, y hoy vive como un marajá en España sin que nadie explique el origen de su fortuna.
Ya en este sexenio, los ejemplos abundan de cómo la justicia mexicana perdona a los aliados políticos. Sheinbaum nos pide confiar en las instituciones a propósito de los "diez de Sinaloa". No, presidenta, no podemos hacerlo. La burra no era arisca, la hicieron a palos. No hay manera de creer que nuestras instituciones procesarán judicialmente al gobernador Rubén Rocha o al senador Inzunza. Más bien, si nos atenemos al pasado, lo que imperará será la típica impunidad para los aliados políticos.
