El poder que nadie evalúa
Durante años, el debate público se ha centrado en cómo evaluar a los jueces. Sin embargo, ha llegado el momento de preguntarse cómo evaluar a los legisladores. La reforma judicial, con su proceso apresurado y lleno de improvisaciones, ha puesto en evidencia un problema más profundo: la falta de preparación y responsabilidad de quienes crean las leyes.
La reforma de la reforma judicial ha sido ampliamente discutida. Desde la orden presidencial acatada por una mayoría sobrerrepresentada, hasta la insistencia en el voto popular para designar juzgadores, todo ha estado marcado por la improvisación. Sin embargo, un aspecto ha recibido poca atención: la calidad técnica de los textos constitucionales que se están aprobando.
Insaculación y subjetividad en la selección judicial
Llama la atención el uso de la insaculación como método de selección de candidatos. La función judicial requiere a las personas mejor preparadas, pero los legisladores optaron por un sorteo público final, más propio de un programa de variedades que de un proceso institucional serio. Además, la reforma prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda funcionar en pleno o en salas, ahora llamadas secciones, dejando su configuración interna al arbitrio de sus integrantes.
Los Comités de Evaluación y los candidatos deben cumplir requisitos de apreciación subjetiva, como ser reconocidos en la actividad jurídica, distinguidos por su honestidad, buena fama pública, competencia o antecedentes académicos. ¿A juicio de quién? ¿Del poder político, de la opinión pública, de las redes sociales? Esta discrecionalidad corta de tajo cualquier pretensión de imparcialidad.
Contradicciones en las reglas de vacantes
En caso de ausencia definitiva de un ministro, magistrado de la Sala Superior o integrante del Tribunal de Disciplina, se cubre con quien obtuvo el segundo lugar en la elección. Pero las vacantes de magistrados de Circuito y jueces de Distrito permanecen sin cubrir hasta la siguiente elección. Criterios distintos para problemas idénticos, lo que evidencia una mala técnica legislativa, producto de normas aprobadas sin discusión suficiente, sin análisis serio y sin tiempo para detectar contradicciones y vacíos.
Esta combinación de improvisación, consignas políticas y voluntades personales sustituye la reflexión institucional. Las consecuencias son graves: quienes acuden al sistema de justicia ven afectados sus bienes, patrimonio y libertad por personas improvisadas que llegaron a posiciones de responsabilidad gracias a una reforma que privilegió criterios políticos sobre la capacidad técnica.
La urgencia de evaluar a los legisladores
La reforma de la reforma no cambiará la ineficiencia de la justicia ya impartida. Sigue siendo un experimento que impacta la vida de los mexicanos. Los legisladores actúan con la ligereza de quien sabe que no enfrentará consecuencias por sus errores. Exigimos evaluaciones rigurosas para quienes interpretan la ley, pero exigimos poco a quienes la crean. Una mala sentencia arruina la vida de una persona; una mala ley puede arruinar la vida de millones.
¿Por qué no existe una verdadera responsabilidad administrativa para los legisladores? Las ausencias reiteradas, la votación sin estudio previo, la escasa productividad, las iniciativas deficientes, los actos vandálicos o las riñas en los recintos parlamentarios no deberían tener cabida en una república democrática. Sin embargo, rara vez generan consecuencias reales.
Es hora de evaluar a nuestros legisladores con la misma intensidad que a nuestros jueces. Muchos problemas son consecuencia de personas no preparadas para crear las normas que regulan la vida de más de 130 millones de habitantes. Si exigimos preparación técnica para interpretar la ley, ¿por qué no una preparación equivalente para crearla? Es momento de discutir requisitos mínimos, capacitación permanente, evaluación de desempeño y una auténtica carrera legislativa.
En una época donde los títulos universitarios se obtienen con velocidad sorprendente, es incomprensible que no se impulse la profesionalización de uno de los Poderes más importantes del Estado. La reforma judicial nació con la premisa de que el problema eran los jueces. Quizá el verdadero problema sea haber olvidado que quienes redactan las leyes también necesitan preparación, evaluación y responsabilidad. La reforma de la reforma judicial no solo exhibe la necesidad de mejores jueces, sino también la urgente necesidad de mejores legisladores.
