La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha dado a conocer que, como resultado de las investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control en distintas dependencias federales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha impuesto sanciones severas contra servidores públicos. Estas medidas incluyen inhabilitaciones que alcanzan hasta 10 años, así como multas económicas, indemnizaciones y suspensiones, todo por faltas administrativas graves.
Investigaciones en diversas dependencias
De acuerdo con la dependencia, las investigaciones se llevaron a cabo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Alimentación para el Bienestar (AliBien), la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En todos estos casos, se lograron reunir pruebas que confirmaron diversas irregularidades.
Casos específicos en el IMSS
En el IMSS, René B., quien se desempeñaba como jefe de oficina de Adquisición de Bienes y Contratos, fue inhabilitado por un periodo de 10 años. Además, deberá pagar una indemnización de 2 millones 50 mil pesos, debido a que contrató consumibles de equipo de cómputo sin verificar su existencia durante el año 2023. Por otro lado, Karla E., oficial de personal, recibió una suspensión de 30 días por haber alterado sus registros de asistencia en 2022.
Sanciones en AliBien
En Alimentación para el Bienestar, Carlos H., encargado de la Gerencia de Recursos Humanos, fue sancionado con una inhabilitación de 10 años y una multa de 235 mil pesos. José H., subgerente de Prestaciones, también recibió una inhabilitación por el mismo periodo y una sanción económica de 131 mil pesos. Asimismo, Iván C., encargado de la Gerencia de Adquisiciones, y José L., gerente de Personal, fueron inhabilitados por un año y deberán cubrir indemnizaciones de 11 mil pesos cada uno. Estas sanciones se derivaron de la autorización y pago de boletos de avión sin comprobar el gasto durante los años 2020 y 2021.
Irregularidades en la Sener
En la Secretaría de Energía, Marisela G., quien fungía como directora de Administración y Finanzas de la entonces Compañía Mexicana de Exploraciones, fue inhabilitada por 10 años y multada con 219 mil pesos. Esto ocurrió por desviar recursos destinados a la organización de un evento institucional en 2018.
Casos en la SICT y el SAT
Por su parte, en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Néstor F., subdirector de Normatividad y Servicios al Personal, recibió una inhabilitación de un año y una indemnización de 15 mil pesos. Esto se debió a que autorizó comisiones inexistentes a dos personas con el objetivo de evitar descuentos de nómina en 2023. En el SAT, Carlos M., administrador de Auditoría Fiscal, fue suspendido por 60 días por emitir y notificar fuera de plazo una resolución relacionada con la cancelación de sellos de una empresa facturera, lo que provocó su anulación en 2019. Además, José M., auxiliar de Oficina, fue suspendido por 30 días por reproducir y almacenar en un equipo de cómputo oficial imágenes y videos con contenido sexual en 2022.
Derecho a impugnar y compromiso institucional
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones. En caso de que lo hagan, la dependencia aseguró que defenderá las determinaciones con base en las investigaciones realizadas, las pruebas obtenidas y el marco legal aplicable. Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar conductas contrarias a los principios de legalidad, respeto e integridad a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC). Finalmente, la Secretaría reiteró su compromiso de combatir la corrupción, fortalecer la ética pública y promover la integridad en las instituciones, en concordancia con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
