A una década de su implementación plena, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en México, que costó aproximadamente 44 mil millones de pesos, sigue arrastrando rezagos significativos en su operación y en la capacitación del personal, según coinciden especialistas y organizaciones civiles.
Un cambio de paradigma con costos elevados
El modelo, que sustituyó al antiguo sistema basado en expedientes en papel y prisión preventiva generalizada, entró en vigor el 18 de junio de 2016, tras una reforma constitucional aprobada en 2008. La transición implicó la construcción de salas de juicio oral, equipamiento tecnológico y la capacitación de policías, peritos, ministerios públicos y jueces. Sin embargo, el informe de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y estudios de México Evalúa señalan que la inversión acumulada entre 2008 y 2016 superó los 44 mil millones de pesos, destinados principalmente a infraestructura, tecnología y programas de especialización.
Luces y sombras del sistema
Entre los avances reconocidos destacan la transparencia de las audiencias públicas, la obligatoria presencia de los jueces en los procesos y el registro en audio y video, que eliminó los voluminosos expedientes en papel. No obstante, la impunidad sigue siendo un lastre: más del 90% de los delitos denunciados quedan sin castigo, y la cifra negra de delitos no denunciados alcanza hasta el 98% en delitos como extorsión y secuestro, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025.
Críticas de especialistas
José Elías Romero Apis, exsubprocurador general de la República, señaló que la ampliación de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ha sido un retroceso, pues contradice el objetivo de reducir el encarcelamiento sin condena. "La prisión preventiva oficiosa es inexplicable", afirmó, y urgió a reforzar la capacitación del personal sustantivo, que considera abandonada, lo que se refleja en los altos niveles de impunidad.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, destacó que, aunque el sistema mejoró las reglas y garantías, no logró romper la impunidad. Además, criticó la Reforma al Poder Judicial de 2024, que incorporó jueces sin perfiles técnicos adecuados, lo que ha vuelto el sistema más lento y ha generado fallas graves en los estados.
Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, reconoció avances en transparencia y protección a víctimas, pero advirtió que persisten juicios mal llevados, impunidad y errores en las fiscalías. "La seguridad se logra sancionando los delitos, no dando dinero a la gente", afirmó, y llamó a una verdadera voluntad política para que el marco normativo funcione sin necesidad de más parches.
