La Justicia boliviana ratificó la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) tras no presentarse al inicio del juicio oral por el delito de trata agravada de menores en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, al sur del país.
El juez Carlos Oblitas suspendió el inicio del juicio, programado para las 08:30 hora local, ante la ausencia del acusado. El abogado de Morales, Nelson Cox, había informado la semana pasada que el exmandatario no se presentaría por considerar que el caso se desarrolla de manera ilegal y sin garantías. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente”, afirmó Cox.
La causa gira en torno a la presunta vinculación de Morales con una adolescente durante su presidencia y a supuestos beneficios otorgados a la familia de la menor, con la que habría tenido una hija en 2016. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, indicó que los investigadores recolectaron más de 170 pruebas en contra del exmandatario.
Desde que se impulsó la investigación en septiembre de 2024, Morales denunció persecución política por parte de los gobiernos de Luis Arce (2020-2025) y del actual presidente Rodrigo Paz, aunque nunca negó la vinculación con la adolescente. El expresidente ya enfrentaba una orden de aprehensión por no haber comparecido a declarar en dos ocasiones previas. En enero de 2025, el juez Nelson Rocabado dictó su arraigo, la anotación preventiva de sus bienes y lo declaró en rebeldía.
Actualmente, Morales se encuentra refugiado en su bastión político y sindical de Lauca Ñ, una región tropical al centro del país donde se cultiva hoja de coca. Sus seguidores han montado una guardia permanente en los alrededores de su domicilio para evitar su captura.
