El escándalo conocido como Chihuahuagate, sobre la participación de cuatro agentes de la CIA en una operación contra el Cártel de Sinaloa en México, ha sido minimizado por el gobierno federal como un asunto local. La violación a la Ley de Seguridad Nacional por parte del gobierno estatal y la CIA se ha reducido a buscar chivos expiatorios, como el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien fue señalado el lunes por la noche.
La gobernadora Maru Campos fue virtualmente exonerada por el gobierno federal, descartando un juicio político. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el caso como de “excepción”, un eufemismo para evitar acciones contundentes, como la expulsión de agentes de la CIA en el consulado de Monterrey. La estrategia busca que la opinión pública olvide el tema.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mostró limitaciones en este episodio. La presidenta Sheinbaum admitió que el gobierno federal no fue informado de las operaciones en Chihuahua, lo que sugiere que el CNI, encabezado por Francisco Almazán Barocio, no alertó a Palacio Nacional. El CNI debió haber detectado la entrada clandestina de un agente de la CIA que ingresó como turista, pero falló.
El gabinete de seguridad reconoció que uno de los agentes fallecidos en un accidente en la Sierra Tarahumara estaba registrado como diplomático, mientras que otro ingresó de manera clandestina. Esta falla del CNI indica posibles operaciones previas no detectadas, lo que compromete la seguridad nacional.
