En la capital oaxaqueña, la postal turística convive con una realidad que el gobierno de Salomón Jara Cruz no ha logrado revertir: niñas, niños y adolescentes trabajando en el Centro Histórico, en el zócalo y en calles de alta afluencia, solos o junto a sus familias, para vender dulces, rebozos, artesanías o productos ofrecidos como artesanales.
No es un fenómeno oculto. Está a la vista de todos, también de las autoridades. La propia administración estatal reconoció en 2024 que la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao), dependiente del DIF estatal, detectó 204 menores en situación de trabajo infantil en Oaxaca de Juárez.
De ellos, 103 eran niñas y 163, el 80 por ciento, de origen chiapaneco. El reporte los ubicó en el Centro Histórico y el zócalo, con venta de productos artesanales no oaxaqueños, dulces y rebozos.
Falta de actualización y rendición de cuentas
El problema es que, desde entonces, el gobierno de Jara ha apostado más por el anuncio que por la rendición de cuentas. Las cifras locales no han sido actualizadas con claridad pública.
Tampoco se conoce cuántos menores fueron reintegrados a la escuela, cuántos recibieron protección, cuántas familias fueron atendidas o cuántas redes de explotación fueron investigadas. En un tema así, decir que hay coordinación no basta.
Contexto estatal grave
El contexto estatal es grave. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 del INEGI colocó a Oaxaca con una tasa de 18.5 por ciento de trabajo infantil entre la población de 5 a 17 años, por encima del promedio nacional de 13.1 por ciento y solo debajo de Guerrero, Chiapas y Nayarit.
La misma medición ubicó a Oaxaca en tercer lugar nacional en ocupación peligrosa infantil, con 10.9 por ciento.
Respuesta estatal insuficiente
Frente a ese panorama, la respuesta estatal luce insuficiente. En junio de 2025, la Secretaría del Trabajo presentó una Caravana Estatal contra el Trabajo Infantil y presumió 201 Comisiones Interinstitucionales Municipales. Meses después, el gobierno elevó la cifra a 255 comisiones y reportó caravanas en 14 municipios, además de 200 actividades de lectura. Pero esos números describen estructura y difusión, no resultados.
Ahí está el punto débil de Salomón Jara Cruz: convertir una emergencia social en inventario burocrático. Comisiones, caravanas, lecturas y ceremonias pueden servir como apoyo, pero no sustituyen una política pública medible. Oaxaca necesita saber cuántos menores dejaron de trabajar, cuántos volvieron a clases, qué familias recibieron respaldo, qué municipios concentran los riesgos y qué sanciones se aplicaron cuando hubo explotación.
Razones detrás del trabajo infantil
La gravedad también se mide en las razones que empujan a la infancia a trabajar. Según el INEGI, entre quienes laboran en ocupaciones no permitidas, 31.5 por ciento dijo hacerlo por gusto o solo por ayudar; 22.7 por ciento, para pagar la escuela o sus propios gastos; 15.2 por ciento, para aprender un oficio, y 12.2 por ciento, por pago de deudas, abandono escolar u otra razón. Detrás de esas respuestas hay precariedad familiar, normalización del trabajo infantil y ausencia de Estado.
La administración de Jara Cruz no puede seguir administrando comunicados mientras la infancia trabaja cerca de los corredores turísticos. Si Oaxaca es cuarto lugar nacional en trabajo infantil y tercero en ocupación peligrosa, la obligación del gobernador no es presumir comités, sino demostrar resultados.
