El Congreso de los Diputados aprobó este jueves una moción presentada por el Partido Popular que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. La iniciativa, que salió adelante con 178 votos a favor, 171 en contra y una abstención, aumentó la presión política sobre el Ejecutivo en medio de los escándalos de corrupción que afectan al PSOE.
Apoyo de Junts y Vox para la moción
La moción del PP constaba de cinco puntos, aunque solo se sometieron a votación los apartados 3, 4 y 5. El primer punto pedía la convocatoria de elecciones generales y el segundo la dimisión inmediata de Sánchez, pero no fueron incluidos en la votación. El punto 3, que insta al presidente a “considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza” en caso de no convocar elecciones, fue aprobado con 178 votos a favor, gracias al respaldo de Junts y Vox.
Puntos aprobados y reprobación a la Mesa del Congreso
El punto 4 señalaba que la acumulación de investigaciones por corrupción que afectan a responsables políticos nombrados por Sánchez exige su dimisión. Este apartado fue aprobado con 177 votos a favor, 171 en contra y una abstención. El punto 5 reprobaba la “voluntad de veto” de la Mesa del Congreso, que la semana pasada rechazó debatir una moción similar sobre elecciones anticipadas, argumentando que solo el presidente tiene la prerrogativa de disolver las Cortes. Este punto fue aprobado con 171 votos a favor, 166 en contra y 12 abstenciones.
Presión por caso Ábalos
La moción se produce en un contexto de fuerte presión sobre el Gobierno, tras la condena a 24 años de cárcel contra el exministro de Transporte José Luis Ábalos por corrupción. Este caso ha golpeado directamente al PSOE y ha intensificado las críticas de la oposición. Aunque la moción no obliga jurídicamente a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, representa un revés político significativo y aumenta la presión para que el presidente se pronuncie sobre su continuidad. La oposición busca forzar un escenario de elecciones anticipadas o, al menos, un gesto de responsabilidad institucional frente a los casos de corrupción.
