El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas a una red de contrabando de combustible asociada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera (FTO) y una organización terrorista global especialmente designada (SDGT).
Detalles de las sanciones
La OFAC sancionó a los individuos y empresas por su participación en un esquema de robo y contrabando de hidrocarburos que incluye falsificación de documentos aduaneros y el uso de empresas fantasma para evadir impuestos en México. Según el Tesoro, esta red genera cientos de millones de dólares anuales para el CJNG. El FinCEN emitió una alerta complementaria con tipologías financieras e indicadores de riesgo que apuntan a organizaciones criminales transnacionales que contrabandean hidrocarburos entre Estados Unidos y México.
Declaraciones oficiales
“El anuncio de hoy demuestra hasta qué punto los cárteles mexicanos están expandiendo su actividad más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos ilícitos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien subrayó que estas organizaciones “siguen traficando drogas letales que matan a estadounidenses”.
Diversificación del CJNG
El CJNG ha diversificado sus fuentes de ingresos mediante el robo y contrabando de hidrocarburos. Estas prácticas abarcan desde el robo de combustible a Pemex mediante perforaciones ilegales y sobornos, hasta el contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos y el contrabando de gasolina y diésel desde Estados Unidos hacia México, en esquemas de evasión fiscal conocidos como huachicol fiscal.
Impacto y magnitud
Según FinCEN, entre una cuarta parte y un tercio del combustible vendido en México podría ser ilícito. Informes recientes detallan que en un solo año se reportaron más de 7 mil millones de dólares en operaciones sospechosas vinculadas a estas redes, principalmente en Texas y Florida, con epicentro en ciudades fronterizas como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.
Coordinación interinstitucional
La acción refleja la coordinación entre OFAC y FinCEN con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF), en el que participan la DEA, HSI, el FBI, el IRS-CI, el Departamento de Comercio y la CBP, además de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
Uso del sistema financiero y lavado de dinero
De acuerdo con el análisis de FinCEN sobre los informes de la Ley de Secreto Bancario, los cárteles mexicanos utilizan intermediarios y su acceso al sistema financiero para enviar transferencias bancarias internacionales y pagos con activos digitales a empresas estadounidenses de distribución de combustible cómplices, ya sea directamente o a través de empresas fantasma que actúan como cuentas intermediarias. En otros casos, los cárteles pagan directamente a distribuidores de combustible mediante depósitos en efectivo estructurados en cuentas bancarias con ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico y otras actividades delictivas en Estados Unidos, como una forma de lavado de dinero basado en el comercio.
Métodos de ocultamiento
Los distribuidores estadounidenses cómplices ocultan estas ventas ilícitas mediante diversas tipologías de lavado de dinero, que incluyen la compra de vehículos de lujo, joyas de alto valor, alquileres vacacionales exclusivos, bienes raíces y activos de inversión. En México, las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro se utilizan para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación, con el fin de favorecer la elección de políticos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles, facilitando así el control de puestos administrativos clave y el acceso a contratos estatales para legitimar las ganancias ilícitas.
