La defensa de Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”, señalado por autoridades federales como líder de una red internacional de trata de personas operada desde el Bar Adelitas en Tijuana, ha reiniciado una estrategia legal para intentar trasladarlo del penal federal donde se encuentra recluido. El objetivo es modificar el lugar donde cumple la prisión preventiva, a pesar de que un juez de control ya determinó que sus problemas de salud no son graves y que existe un riesgo significativo de fuga.
Antecedentes judiciales y resolución del 13 de mayo
El 13 de mayo de 2026, el juez Carlos Andrés Miranda Verdugo rechazó la solicitud de la defensa de cambiar las condiciones de internamiento de Jiménez Loza, basándose en que su condición médica no justificaba una medida distinta. En esa misma resolución, el juzgador advirtió que el imputado podría sustraerse de la acción de la justicia. La decisión se sustentó en peritajes médicos presentados por la defensa de las víctimas y por el Ministerio Público de la Federación (MPF). Los estudios, elaborados por especialistas en geriatría y medicina interna, descartaron que los padecimientos del imputado ameritaran una medida diferente a la prisión preventiva en un centro federal.
Nueva audiencia y argumentos de la defensa
A pesar de este revés, la defensa particular de Jiménez Loza ha insistido en abrir una nueva audiencia. En su escrito, argumentan que existen “datos de prueba novedosos”, circunstancias supervenientes y elementos actualizados que, según su criterio, justificarían revisar nuevamente el sitio donde debe ejecutarse la medida cautelar. La petición se presenta como una revisión de necesidad, proporcionalidad y vigencia de la prisión preventiva. Sin embargo, el artículo invocado por la defensa (166 del Código Nacional de Procedimientos Penales) establece un límite claro: no procede ese beneficio cuando el juez advierta riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia o cuando exista una conducta que haga presumible riesgo social.
Detalles de la audiencia programada
El Centro de Justicia Penal Federal en Sonora ha fijado las 13:30 horas del 2 de julio de 2026 para la audiencia de revisión de medida cautelar. También ordenó citar a las víctimas y precisó que su inasistencia no impedirá que el juez resuelva sobre lo planteado. Además, instruyó que Jiménez Loza sea conducido desde el Centro Federal de Reinserción Social Número 11 “CPS Sonora” a la sala de audiencias, con apoyo de la autoridad penitenciaria y cuerpos de seguridad. La resolución judicial también pidió la presencia de la Policía Procesal y del Jefe Regional de los Servicios de Seguridad del Órgano de Administración Judicial, a fin de garantizar protección durante la diligencia.
Contexto del caso y vínculos criminales
El caso involucra a un imputado identificado por autoridades federales como integrante relevante de una estructura criminal vinculada con trata de personas y delincuencia organizada, además de lavado de dinero utilizando empresas factureras que están bajo investigación. De acuerdo con información pública del Gabinete de Seguridad federal, Jiménez Loza fue detenido en Jalisco por elementos de la Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República, al contar con órdenes de aprehensión por delitos de trata de personas y delincuencia organizada.
Litigios previos y recursos legales
La nueva ofensiva de la defensa ocurre en un contexto donde el caso Bar Adelitas ha acumulado litigios, amparos y resoluciones que han buscado incidir en el curso del proceso penal, en algunos casos con el apoyo económico del crimen organizado. El periódico Excélsior ha documentado previamente que la defensa de Jiménez Loza promovió diversos recursos en Sonora, Jalisco y Ciudad de México, aunque varios de ellos fueron sobreseídos, incluso dentro de la audiencia del pasado 13 de mayo. En esa audiencia, con peritajes médicos de la defensa de las víctimas y la Fiscalía General de la República (FGR), se demostró que “El Padrino” no tiene una enfermedad terminal ni que ponga su vida en riesgo.
Implicaciones de la audiencia
En los hechos, la audiencia no sólo revisará una condición médica, sino también pondrá nuevamente sobre la mesa si el sistema judicial debe flexibilizar la prisión preventiva de un imputado al que ya se le atribuyó riesgo de fuga por los millones de pesos de sus cuentas que aún no han sido congeladas y las que tienen sus prestanombres en investigación.
