Un tribunal español ha ordenado que Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada por corrupción y le ha prohibido salir del país, según una resolución judicial publicada este sábado. La medida se suma a una serie de escándalos judiciales que afectan al mandatario de izquierdas, cuyo hermano y varios excolaboradores cercanos también enfrentan procesos por corrupción.
Detalles del caso
El caso de Begoña Gómez se centra en la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigió, así como en el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados. El juez encargado, Juan Carlos Peinado, ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte el veredicto.
La resolución judicial indica que se informará a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares para evitar que Gómez incumpla la orden. El auto no fija una fecha para el juicio.
Antecedentes judiciales
En abril, el juez imputó formalmente a la esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos. La investigación comenzó en abril de 2024 para determinar si Gómez se había aprovechado de su posición como esposa del jefe del gobierno para su propio beneficio, acusaciones que tanto ella como Sánchez rechazan.
El presidente del gobierno socialista enmarca el caso en una campaña de la derecha para socavar su gobierno en minoría, que se sustenta en precarios acuerdos en un Parlamento muy fragmentado. Los partidos de la oposición de derecha han pedido su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones, previstas en principio para el próximo año.
Otros casos vinculados
Además de su esposa, el hermano de Sánchez, David Sánchez, ha sido juzgado en las últimas semanas por un presunto trato de favor para obtener un cargo público. En abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.
Con información de AFP.
