El panorama económico y político de México se perfila complejo, según analistas. Por un lado, el desmantelamiento institucional iniciado por el expresidente López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum podría afectar la actividad económica, el bienestar y la calidad democrática. Sheinbaum ha negado los efectos adversos, pero expertos advierten sobre una menor certeza en derechos de propiedad y un aumento de prácticas discrecionales.
Por otro lado, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos añade presión. Trump ha anunciado una agenda basada en deportaciones masivas y políticas sin sustento teórico, apelando a un electorado insatisfecho. Esto representa un desafío para México, que deberá negociar con un líder que actúa por impulsos mediáticos.
El desmantelamiento institucional en México incluye la sustitución masiva de jueces y magistrados, lo que generará una curva de aprendizaje que ralentizará la impartición de justicia y hará las decisiones menos predecibles. Las autoridades reguladoras, debilitadas, estarán sujetas a presiones políticas, fomentando un ambiente de amiguismo y corrupción. Esto reducirá la tasa de crecimiento potencial por debajo de los niveles de 2018.
Frente a Trump, la estrategia del gobierno mexicano ha sido insuficiente, basada en lances patrióticos y lecciones de economía. Se requiere capital humano que entienda la política estadounidense, capacidad de análisis económico y aliados en la frontera. Propuestas como hacer de China el principal socio comercial no son creíbles y no ayudan en la negociación.
Para reducir riesgos, México necesita una estrategia más estudiada, que considere el equilibrio de fuerzas en el Congreso de EE.UU. y la prospectiva de los estados clave. De lo contrario, el resultado podría ser frustrante para el país.
