El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aclaró que los recursos económicos acordados recientemente entre autoridades educativas y representaciones magisteriales de distintas entidades federativas tienen como objetivo fortalecer la atención educativa, reducir el rezago escolar y garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y no están destinados a organizaciones sindicales ni a sus dirigentes.
Acuerdos de mesas de trabajo
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) explicó que los acuerdos alcanzados son resultado de las mesas de trabajo desarrolladas en los últimos días con autoridades estatales y representantes del magisterio, con el propósito de atender necesidades específicas en cada entidad y asegurar la continuidad de los servicios educativos en beneficio de la población estudiantil.
Mario Delgado enfatizó que existe una percepción errónea respecto al destino de los recursos públicos destinados al sector educativo, por lo que reiteró que “ni un solo peso pasa por los líderes ni dirigencias sindicales”. Señaló que el financiamiento está orientado exclusivamente a resolver necesidades operativas y laborales del sistema educativo.
Rubros atendidos
Entre los rubros que serán atendidos con estos recursos se encuentran las contrataciones y recontrataciones de docentes, procesos de recategorización, basificaciones, compactación de horas y otras incidencias relacionadas con la operación cotidiana de los servicios educativos en las entidades federativas.
“El objetivo es que no haya escuelas sin maestras o maestros; que se cubran las necesidades académicas en preescolares, primarias, secundarias y secundarias técnicas, y que avancemos en una mayor cobertura y justicia laboral para garantizar el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes”, sostuvo el funcionario.
Casos específicos: Oaxaca, Chiapas y Zacatecas
Delgado Carrillo detalló que en estados como Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, los acuerdos alcanzados representan la continuidad de programas de trabajo y esquemas de apoyo que ya se encontraban en operación desde el año pasado. Explicó que estas acciones están enfocadas en atender las necesidades más urgentes del sistema educativo, brindar certeza laboral al personal docente y cumplir con los estímulos y prestaciones establecidos en la legislación vigente.
El secretario subrayó que no se trata de privilegios ni prerrogativas especiales para ningún grupo, sino de medidas orientadas a fortalecer el funcionamiento de las escuelas públicas y mejorar las condiciones laborales del personal educativo dentro del marco legal.
Origen de los recursos
Asimismo, explicó que los recursos destinados a estas acciones provienen de una combinación de aportaciones federales y estatales, las cuales se definen y ajustan a lo largo del año con base en diagnósticos ocupacionales y educativos. Estos estudios permiten identificar con precisión las regiones donde existe déficit de docentes, infraestructura escolar o servicios educativos.
Indicó que la asignación de recursos responde a criterios técnicos, de planeación y viabilidad presupuestal, jurídica y administrativa, priorizando especialmente las comunidades con mayores niveles de pobreza y rezago social.
“Se trabaja con información precisa para determinar dónde hacen falta maestros, escuelas o servicios educativos. La prioridad son las zonas más vulnerables, siempre bajo criterios de responsabilidad financiera y legal”, señaló.
Diálogo abierto con docentes
Finalmente, Mario Delgado informó que la SEP mantiene abiertas las vías de diálogo con grupos de docentes de otras entidades del país que han presentado diversas solicitudes relacionadas con condiciones laborales y necesidades educativas. Aseguró que cada planteamiento será revisado de manera responsable y conforme a los procedimientos establecidos.
El funcionario reiteró que todas las peticiones serán evaluadas considerando las necesidades reales del sistema educativo, su viabilidad técnica y jurídica, así como la disponibilidad presupuestal existente.
Con estas acciones, concluyó, el Gobierno de México busca fortalecer la educación pública, mejorar las condiciones laborales del magisterio y garantizar que ningún estudiante vea afectado su derecho a recibir educación por falta de personal docente o recursos indispensables para el funcionamiento de las escuelas.
