Resolución judicial ordena libertad de exagente del Cisen
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). La decisión se fundamenta en la falta de elementos suficientes para vincularlo con el homicidio del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
La resolución representa un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR), que en 2025, bajo la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, reactivó la hipótesis del “segundo tirador” y recapturó a Sánchez Ortega en noviembre de ese año en Baja California. Tras su detención, un juez federal le dictó auto de formal prisión por homicidio calificado y ordenó su ingreso al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde permaneció hasta ahora.
Prescripción del delito y falta de pruebas
El tribunal colegiado determinó que la FGR no acreditó una actuación concertada entre Sánchez Ortega y Mario Aburto Martínez, único sentenciado por el magnicidio. Los magistrados consideraron que los datos presentados por el Ministerio Público no alcanzaron para sostener la acusación. Además, establecieron que el delito atribuido al exagente ya había prescrito desde noviembre de 2014, más de una década antes de que se reactivara el proceso penal.
La defensa de Sánchez Ortega celebró el fallo, mientras que la FGR queda nuevamente bajo cuestionamiento por el manejo del expediente Colosio, uno de los casos más sensibles de la historia política reciente de México.
Reacciones y contexto político
Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato asesinado y actual senador, se ha manifestado en diversas ocasiones a favor de cerrar el caso. Incluso ha solicitado revisar la situación jurídica de Mario Aburto Martínez, quien continúa preso en un penal federal en Guanajuato. La orden de libertad de Sánchez Ortega vuelve a colocar el expediente en el centro de las dudas judiciales, los señalamientos políticos y las inconsistencias que han marcado la investigación durante más de tres décadas.
La vía legal que aún podría intentar la FGR pasa por un amparo promovido por los familiares de la víctima, aunque esa posibilidad enfrenta un contexto particular, dado que el propio hijo del excandidato ha pedido cerrar el caso.
