El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se extenderá por un periodo de 10 años, con revisiones anuales, tras no alcanzarse el consenso necesario para una prórroga de 16 años que buscaban México y Canadá. La decisión fue impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con no renovar el acuerdo si no se aceptaban sus términos.
México y Canadá buscaban 16 años más
El artículo 34.7 del T-MEC establece dos opciones para la revisión y extensión del plazo. La primera opción requería consenso entre las tres partes para extender el tratado por 16 años adicionales, hasta 2042, manteniendo las revisiones cada seis años. Esta fue la postura defendida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y su ministro de Comercio, Dominic LeBlanc.
Sin embargo, la administración de Donald Trump no estuvo de acuerdo con esta opción. Ante la falta de consenso, se activó la segunda alternativa prevista en el tratado: una extensión de 10 años, hasta 2036, con revisiones anuales. Trump dio a conocer su postura con declaraciones amenazadoras, según reportó la agencia Reuters: “El T-MEC no será prorrogado por EU y comenzará la cuenta regresiva de 10 años para extinguirlo”. Estas declaraciones no fueron desmentidas por la Casa Blanca.
Reunión virtual define el futuro del acuerdo
Este día se llevó a cabo una reunión virtual del Consejo del T-MEC para la revisión, con la participación de Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México; Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y Dominic LeBlanc, ministro de Comercio de Canadá. En el encuentro se confirmó que no hay consenso para la prórroga de 16 años, por lo que la única vía viable es la extensión de 10 años con revisiones anuales.
México no pierde necesariamente con esta decisión. Si Estados Unidos y la administración Trump, más proteccionista que antes, quisieran salir del T-MEC, ya lo habrían solicitado. Cualquier parte puede retirarse del tratado con solo avisar con seis meses de anticipación. Para Estados Unidos, el bloque regional norteamericano con México y Canadá permite mayor productividad, competitividad y cadenas de valor integradas. Actualmente, México es el principal socio comercial de Estados Unidos y su mayor exportador, especialmente en cadenas de proveeduría y valor.
México debe negociar sus irreductibles
En la nueva revisión del T-MEC con vigencia de 10 años, México deberá mantenerse firme en sus puntos irreductibles. Uno de los principales es la eliminación de la Sección 232, que permite al presidente Trump imponer aranceles de manera discrecional bajo el argumento de emergencia económica. Bajo esta disposición, Estados Unidos ha impuesto aranceles de 50% al acero y aluminio mexicanos, y de 25% al sector automotriz.
Es paradójico que países con los cuales Estados Unidos no tiene un acuerdo comercial, como Japón o Corea del Sur, tengan un arancel menor (15%) que el cobrado a México (25%). Esta situación afecta la competitividad de la industria mexicana.
Otro punto crítico es el tema de las importaciones chinas. Estados Unidos exige que México deje de importar cualquier componente chino, pero esto es inviable en ciertos sectores. Por ejemplo, algunos automóviles importan solo un 4% de componentes chinos, pero en chips y alta tecnología la dependencia es mayor. Estados Unidos confía en que podrá fabricar estos componentes en un plazo de cuatro años, pero mientras tanto, las armadoras que cumplen con los requisitos del T-MEC (reglas de origen de 75% regional y salarios de 16 dólares por hora) deberían poder importar un pequeño porcentaje de tecnología, independientemente de su origen.
ASF presenta denuncias contra Cofepris y Talleres Gráficos
En otro orden de temas, Aureliano Hernández, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha ejercido sus nuevas atribuciones para presentar denuncias tras investigaciones. Al revisar la Cuenta Pública 2025, en una primera entrega, presentó 21 denuncias contra servidores públicos por un desfalco estimado de 600 millones de pesos. Entre las denuncias más relevantes, tres son contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que maneja patentes médicas, y otras contra los Talleres Gráficos de México, donde se imprimen documentos oficiales del Estado mexicano. Hernández ha dejado claro que llegó a la ASF con la determinación de usar sus nuevas facultades.
