Esta semana se repetirá una escena en millones de hogares mexicanos: alguien intenta llamar y su teléfono no tiene señal. Revisa el aparato, lo reinicia, busca con desesperación que la antena aparezca en la pantalla. Entonces cae en cuenta: se lo dijeron con meses de anticipación, con campañas, comunicados y notas en todos los medios. Y no hizo nada.
El registro obligatorio y la baja participación
El registro obligatorio de líneas celulares comenzó el 9 de enero de 2026. Se otorgaron seis meses para vincular el número telefónico con la CURP. El trámite es gratuito y está disponible en la aplicación del operador, por mensaje de texto o en sucursal. No se requieren huellas, iris ni datos biométricos sensibles, pues la Suprema Corte ya había resuelto ese punto desde 2022 al invalidar el Panaut. Solo se pide nombre y clave de identidad.
A pesar de la simpleza del proceso, de los más de 144 millones de líneas activas en el país, hasta mediados de mayo apenas se habían registrado alrededor de 30 millones, es decir, una quinta parte. El resto esperaba que el plazo se extendiera por sí solo.
Prórroga escalonada para evitar el colapso
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció un nuevo esquema con plazos escalonados según el último dígito del número, extendiendo el proceso hasta las últimas semanas de 2026. La prórroga fue una concesión a la realidad: suspender de golpe decenas de millones de líneas habría causado un colapso logístico, humanitario y político que nadie quería administrar. Sin embargo, que la autoridad haya cedido no cambia la naturaleza del problema ni absuelve a quienes prefirieron la desidia al trámite.
Costos económicos y sociales de la desidia
Los costos de esta parálisis colectiva no son abstractos. La industria móvil calculó que el proceso costará más de cuatro mil millones de pesos solo a los operadores, un gasto que se traslada a las tarifas que pagan los usuarios. Quien pierda la señal, aunque sea por 72 horas —el plazo que se activa para quienes no cumplan en su ventana asignada—, no pierde solo la capacidad de enviar mensajes: pierde acceso a su banco, a su trabajo, a las alertas sísmicas y a la posibilidad de llamar en una emergencia. La línea suspendida solo permite marcar al 911 y al centro de atención al cliente para regularizar la situación; todo lo demás queda cortado.
Privacidad como excusa frente a datos ya existentes
El argumento de la privacidad tuvo sentido cuando el gobierno quería las huellas y el iris. Esa batalla se ganó en los tribunales. Pero no registrar la línea porque “no confío en el gobierno” cuando lo único que se pide es nombre y CURP —datos que ya poseen el SAT, el IMSS, el banco, la escuela y la farmacia de la esquina— no es resistencia cívica, sino pereza disfrazada de principio.
Comparación internacional y combate a la extorsión
México tiene 166 países por delante que ya implementaron este registro sin apocalipsis. La extorsión telefónica sigue siendo una de las industrias criminales más rentables del país precisamente porque el anonimato de las líneas prepago la hace barata y difícil de rastrear. El registro no es la solución definitiva —ningún instrumento aislado lo es—, pero es una pieza elemental de la arquitectura mínima que un Estado necesita para dificultar la vida al crimen.
Responsabilidad individual
Se avisó, se explicó y se extendió el plazo. Quien se quede sin señal esta semana o en los meses venideros no podrá culpar al gobierno, a Claudia Sheinbaum, a la CRT ni a las telefónicas. Tendrá que mirarse al espejo: ahí está el culpable.
