Los recientes ajustes a las tarifas de transmisión y la posibilidad de que más centrales legadas migren al mercado eléctrico actual han reactivado uno de los debates más relevantes para la industria energética mexicana. Lo que está en juego no es solo un cambio regulatorio, sino la rentabilidad futura de proyectos concebidos bajo reglas distintas que ahora enfrentan un nuevo escenario de negocios.
Las modificaciones planteadas por la autoridad podrían alterar la ecuación financiera de numerosas centrales de generación, obligando a las empresas a decidir si les conviene permanecer en los esquemas heredados o incorporarse al mercado competitivo. La decisión adquiere mayor relevancia en un entorno marcado por incertidumbre regulatoria y la necesidad de dar certeza a inversiones de largo plazo.
Impacto en la liquidez y competencia del mercado
Una migración masiva de centrales legadas tendría el potencial de aumentar la liquidez y la competencia en el mercado eléctrico. En contraste, si una parte importante de las plantas decide mantenerse en el régimen anterior, el sector continuará operando bajo la coexistencia de dos modelos con incentivos y condiciones económicas distintas.
Para Enrique Guzmán, socio de Enix, no existe una respuesta única sobre si conviene migrar o permanecer en el esquema legado. La decisión dependerá de la situación particular de cada empresa, de la vigencia de sus permisos y de las condiciones financieras bajo las cuales se desarrolló cada proyecto.
“Para cada empresa será distinto porque hicieron sus proyectos con unas condiciones, con unas características que fueron distintas, y lo que aquí dicen muchos es: ‘yo tenía estas reglas, a mí el banco me prestó con estas condiciones, no me las cambies, yo lo financié bajo este principio’. Entonces cada quien verá en sus análisis qué le conviene o no según sus números”, dijo.
¿Qué son las centrales legadas y el porteo verde?
Las llamadas centrales legadas corresponden principalmente a proyectos de energía renovable que operan bajo contratos de compraventa entre privados. Bajo este esquema, un generador podía suministrar electricidad a uno o varios usuarios siempre que estos formaran parte de los socios originalmente registrados en el proyecto. Estos permisos derivan de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992 y fueron otorgados antes de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica.
Las centrales que operan bajo este modelo conservan el derecho de seguir funcionando hasta el vencimiento de los contratos y permisos que les dieron origen. El esquema nació con un objetivo muy específico: incentivar la construcción de centrales renovables en un momento en el que la matriz eléctrica mexicana dependía casi exclusivamente de combustibles fósiles y cuando las empresas buscaban, por primera vez, acceder a un suministro de energía limpia.
En ese contexto surgieron también las tarifas de transmisión conocidas como porteo verde, diseñadas para favorecer económicamente el desarrollo de proyectos renovables. En muchos casos, los desarrolladores tuvieron que construir infraestructura eléctrica en regiones con alto potencial solar o eólico, pero sin redes de transmisión disponibles, para posteriormente entregarla a la Comisión Federal de Electricidad.
Nuevas condiciones a partir de octubre
La Secretaría de Energía publicó el pasado 18 de junio la necesidad de actualizar dichas tarifas, bajo el argumento de que los objetivos para los que fueron creadas ya se cumplieron y que las condiciones actuales del sector requieren una nueva metodología de cobro.
“Resulta necesario actualizar y emitir una nueva metodología de transmisión aplicable a las personas permisionarias con centrales de generación y convenios para el servicio de transmisión de energía eléctrica al amparo de la LSPEE. Lo anterior, en virtud de que las metodologías actualmente aplicables fueron diseñadas bajo circunstancias, condiciones y objetivos específicos que han sido alcanzados”, señala la dependencia.
De acuerdo con Guzmán, las centrales legadas que decidan no migrar al nuevo esquema estarán sujetas a las nuevas tarifas de transmisión a partir del próximo 19 de octubre, un cambio que podría modificar sustancialmente la rentabilidad de algunos proyectos.
Al mismo tiempo, la publicación de la Secretaría de Energía plantea la creación de mecanismos para facilitar una migración expedita hacia la nueva Ley del Sector Eléctrico, mediante estrategias de simplificación administrativa y mayor agilidad técnica.
Implicaciones para los consumidores y plazos de migración
Para los consumidores que participan como socios autoabastecidos, el cambio también implica nuevas decisiones de negocio. A partir de la migración, deberán celebrar contratos bajo las reglas vigentes del mercado eléctrico o, en su caso, optar por recibir el suministro a través de un suministrador calificado o básico.
Las centrales que inicien el proceso de migración mantendrán vigente la tarifa conocida como estampilla postal hasta la conclusión del trámite, un proceso que podría extenderse hasta el 6 de octubre de 2028. Una vez concluido, comenzarán a operar bajo las tarifas aplicables al mercado eléctrico actual.
En opinión de Guzmán, el principal cambio que propone la autoridad es la simplificación de los procedimientos para quienes decidan migrar. Sin embargo, insiste en que la conveniencia de hacerlo dependerá de variables específicas, como los años de vigencia restantes del permiso y las condiciones financieras de cada proyecto.
“Las empresas tendrán que decidir si el cambio les implica mucho o poco. Habrá algunas que ya estaban pensando en migrar porque se les estaba acabando el contrato y mejor aprovechan de una vez las condiciones de este momento. Pero habrá otros a los que les queden 15 años de permiso y prefieran quedarse y pensarlo mejor antes de salirse; y por supuesto habrá quien se ampare”, aseguró.
