El reciente despido de 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) evidencia un acelerado desmantelamiento del sistema de justicia y una profunda politización institucional, alertó María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ).
Un golpe a los sectores vulnerables
En entrevista con la periodista Ivonne Melgar, en la Primera Emisión de Imagen Informativa, la magistrada en retiro calificó este cese masivo como un golpe directo a los sectores más vulnerables del país, una acción que va en contra de las promesas oficiales de la reforma de 2024.
“Tanto se dijo que querían que el nuevo Poder Judicial llegara a las personas vulnerables... y la única forma de llegar al acceso a la justicia para las personas que menos tienen son las defensorías públicas... no les dieron más presupuesto, sino que ahora, al contrario, están destruyendo la institución, quitando el 100% de estas plazas”, afirmó Molina.
Recortes presupuestales vs. despilfarro
Molina denunció que, de forma extraoficial, se justificó la medida por “recortes presupuestales”, lo cual contrasta con el despilfarro en el gasto de la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial. Acusó que se priorizan intereses políticos.
“Gastan millones en hacer giras por todo el país cuando no hay ningún objetivo real de hacerlo; es más un tema político, es más un tema de, pues, campañas o precampañas o postcampañas (...) se están cuidando centavos y realmente desmontando la función”, señaló.
Hacia un Poder Judicial sometido
La presidenta de la AMJ advirtió que el perfil actual del Poder Judicial camina hacia el sometimiento absoluto al Ejecutivo, operando mediante jueces “alineados al gobierno, más politizados y también, pues, como hemos visto, con resoluciones y argumentos que no tienen nada que ver con justicia sino con política”.
Persecución y presión política
Finalmente, Molina acusó al Tribunal de Disciplina Judicial de convertirse en un brazo de persecución y presión política, al iniciar procesos incluso contra juzgadores en retiro que en su momento admitieron amparos contra la reforma judicial.
“Están abriendo procedimientos para personas que ya estamos fuera del Poder Judicial (...) es un tema de presión política y, además, un aviso a las personas que están todavía en funciones, de que no deben hacer nada que le moleste al régimen, y esa es la mejor forma de destruir la independencia judicial, a través del miedo”, concluyó.
Ante el desdén del Estado mexicano, que ha ignorado los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en más de 700 demandas presentadas por juzgadores, Molina enfatizó que la verdadera perdedora de este desbarajuste institucional es la sociedad civil.
