Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el recurso promovido por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASEG) para revisar el destino de 898.6 millones de pesos otorgados por la Federación al ayuntamiento de Acapulco, entonces encabezado por Abelina López, actualmente con licencia al cargo.
Decisión unánime de la SCJN
En la sesión de este lunes se resolvió la controversia constitucional 174/2025, cuyo proyecto estuvo a cargo del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. En él se planteó invalidar únicamente la auditoría estatal, por lo que no se exime la competencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Es un tema de competencia, hay que señalarlo también en la propuesta del proyecto. No se exime ningún tipo de fiscalización de los recursos federales por parte del municipio actor, ni se pronuncia sobre el fondo de su manejo. Resuelve únicamente cuál es la autoridad constitucionalmente competente para revisarlos. En ese sentido, es la ASF la que cuenta con la competencia y mantiene a salvo las facultades para llevar a cabo cualquier tipo de fiscalización”, planteó el ministro ponente.
Competencia exclusiva de la ASF
El proyecto aprobado establece que la ASEG carece de facultades para auditar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), y deja esa atribución exclusivamente a la ASF, como lo establecen los artículos 74 y 79 de la Constitución.
A esta propuesta se sumó el ministro Irving Espinosa, quien afirmó que la invalidez de la actuación de la ASEG en esta controversia no impide que las autoridades competentes investiguen el destino de esos recursos.
“La conclusión relativa a la falta de competencia de la ASEG para realizar la auditoría impugnada no prejuzga sobre la existencia o inexistencia de irregularidades en el uso y aplicación de los recursos asignados al municipio de Acapulco, Guerrero, durante el ejercicio 2023, ni impide que las autoridades que sí cuentan con atribuciones legales puedan realizar las actuaciones que estimen conducentes”, señaló el ministro Espinosa Betanzo.
