La Comunidad de Arantepacua se declaró este domingo en máxima alerta para vigilar que se ejecute la orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, su secretario de seguridad Juan Bernardo Corona Martínez y 12 policías estatales. La medida responde a la orden judicial emitida el viernes por su probable responsabilidad en homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura por la represión del 5 de abril de 2017.
Las autoridades comunitarias hicieron un llamado urgente a las autoridades a ejecutar con diligencia dichas órdenes y garantizar que los responsables sean detenidos y llevados ante la justicia. Destacaron que estas órdenes son resultado directo de su lucha sostenida para romper un entramado de encubrimiento, dilación y obstrucción institucional que durante años intentó impedir la justicia.
La comunidad recordó que desde el primer día enfrentó no solo la violencia del Estado, sino también su negativa a investigar. Señalaron que la Fiscalía del Estado, encabezada por Adrián López Solís, operó como un obstáculo sistemático para la verdad y la justicia, retrasando diligencias clave y presionando a las víctimas.
Aunque consideran que las órdenes de aprehensión no son justicia, sino el inicio de una etapa, instaron a las autoridades a hacer efectiva la detención de Aureoles Conejo, quien dio la orden de cometer la masacre, y de los otros 15 exservidores públicos. Recalcaron que otros políticos y funcionarios involucrados deben ser buscados y llevados ante la justicia.
