Desde hace años, los despojadores de vivienda actúan en Veracruz con una impunidad que ninguna autoridad ha conseguido contener. Los casos se repiten con el mismo patrón: documentos falsos, cerrajeros que abren casas sin orden judicial, patrullas municipales que validan ocupaciones ilegales y adultos mayores convertidos en blanco sistemático. Las denuncias públicas se acumulan, las víctimas se organizan, pero el presunto cártel inmobiliario que opera en Xalapa y municipios vecinos sigue avanzando sin freno institucional.
Intento de despojo a dos adultos mayores en Xalapa
El episodio más reciente ocurrió esta semana, cuando dos adultos mayores de 85 y 83 años estuvieron a punto de perder su vivienda en el centro de la capital. La irrupción fue ejecutada por una mujer, identificada como Míriam Ceballos Ruiz, señalada desde 2025 como presunta integrante del grupo, acompañada de un cerrajero y policías municipales que rompieron candados, ingresaron al domicilio y dieron validez a documentos que, según la denuncia, eran apócrifos.
Ceballos Ruiz fue señalada públicamente en 2025 por seis familias xalapeñas como presunta integrante del grupo, y es exesposa de Miguel Isaac Contreras Gómez, quien trabaja con Roly Domínguez Romero, señalado como presunto autor intelectual de múltiples despojos.
La Secretaría de Gobierno, señalada como factor común
El factor común en estos casos es la Secretaría de Gobierno, a cargo de Ricardo Ahued Bardahuil: de dicho funcionario depende el Registro Público, Catastro y el registro de notarías. Además, fue alcalde de Xalapa y la actual policía municipal era la que estuvo a su cargo. En más de una ocasión ha negado cualquier vínculo, pero a pesar de las múltiples denuncias en contra de los señalados por las víctimas, no hay consecuencias legales.
Académico denuncia colusión con notarios y jueces
El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Eduardo de la Torre Jaramillo, denunció que el intento de despojo contra sus tíos siguió el mismo modus operandi que ha documentado en más de cien casos: uso de contratos de arrendamiento falsos, deudas inexistentes, órdenes de desalojo irregulares y la participación de notarios, Registro Público, Catastro y jueces. “Están coludidos con notarios públicos, con Registro Público de la Propiedad, con Catastro… con jueces que son los que mandatan hacer esto”, afirmó.
De la Torre presentó una denuncia penal y exigió investigar a los policías municipales que participaron en la apertura del domicilio. Señaló directamente al jefe de grupo Erick Zabaleta, de la patrulla 936, por no entrevistar al presunto agresor, quien no portaba credencial de elector, licencia de conducir ni placas en la motocicleta con la que llegó. “Nadie puede vivir con tanta impunidad… y este policía municipal se atrevió a decir que esta persona era víctima”, reclamó.
Falta de modernización institucional
El académico también cuestionó la falta de modernización del Registro Público y del catastro en Veracruz. Recordó que la Sedatu tiene convenios para digitalizar estos sistemas, pero el estado ocupa los últimos lugares nacionales: 31 en catastro y 30 en Registro Público. “Por eso tiene tanto poder este cártel. ¿Quién lo ordena? ¿Quiénes son los jefes? Hay dos cosas: o les tienen miedo o es un gobierno con crisis”, dijo.
Como ejemplo de la precariedad institucional, relató el caso de un ciudadano de Reynosa que viajó a Xalapa para resolver trámites y aseguró que debía “mocharse” en oficinas del Registro Público, mientras en su estado todo es digital.
Rutas ciudadanas para enfrentar los despojos
Frente a este escenario, De la Torre planteó tres rutas ciudadanas para enfrentar los despojos: redes vecinales por WhatsApp entre profesionistas y familiares; creación de una asociación civil estatal que agrupe a víctimas y obligue a autoridades a escuchar los casos; y la difusión del artículo 10 constitucional sobre posesión de armas en el domicilio, recordando que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula estrictamente su adquisición y uso.
El académico subrayó que los adultos mayores son las principales víctimas y que el despojo no solo afecta el patrimonio, sino la historia de vida de cada familia. “No es una casa en sí, es la historia de esas familias… que al menos los últimos años de su vida los puedan vivir con tranquilidad y certeza jurídica”, dijo.
“Esto hay que hacerlo por Xalapa”, concluyó. “La autoridad no hace nada y estos delincuentes se burlan. La ruta es organizarnos.”, subrayó el letrado.
Impunidad oficial
En diciembre de 2025 familias comenzaron a denunciar los despojos de los cuales han sido objeto por parte de una banda organizada que vigila las viviendas. Presuntamente, los objetivos de este grupo son las casas con adeudos de predial, lo cual intuyen que llevan a cabo a través de filtraciones desde las propias dependencias y direcciones municipales que cuentan con los registros. Algunas casas, como no están ocupadas al 100 por ciento, son allanadas bajo el argumento de adeudos. “A una mujer la despojaron de su vivienda diciéndole que debía 500 mil pesos más intereses y le presentaron un falso pagaré”, refieren.
En el caso de los adultos mayores, estudian sus casos. Si ellos no cuentan con descendientes, los acorralan y despojan de sus casas con una serie de argumentos como el arrendamiento, una falsa compra-venta o supuestos adeudos y órdenes de desalojo.
