Ejidatarios del Estado de México denuncian desvío de función pública en programa de testamentos
Comuneros y ejidatarios del Estado de México han expresado un firme rechazo al Programa Nacional del Testamento Agrario, acusando que promueve el pago de un servicio que la Ley Agraria ya contempla de manera gratuita y a cargo del Estado. Esta medida, según los afectados, representa un impacto financiero significativo para comunidades rurales que ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
Un trámite gratuito que ahora requiere pago
La Ley Agraria establece desde hace años el mecanismo de lista de sucesión, mediante el cual ejidatarios y comuneros pueden designar a sus sucesores sin costo alguno, depositando el documento ante el Registro Agrario Nacional (RAN). Sin embargo, con el nuevo convenio impulsado por la Procuraduría Agraria, se promueve ahora la formalización de la voluntad sucesoria mediante escritura pública ante notario.
Para numerosos usuarios y especialistas, esto representa un gasto innecesario y una clara desviación de la función pública. El Director General de Registro y Control Documental del RAN reconoció expresamente que la lista de sucesión agraria es competencia exclusiva de esta institución, aunque defendió la relevancia del testamento agrario otorgado ante notario.
Impacto económico millonario hacia el notariado
El impacto financiero potencial del esquema ha sido uno de los principales focos de crítica. De acuerdo con estimaciones conservadoras:
- Si 1.8 millones de ejidatarios y comuneros fueran inducidos a otorgar testamento ante notario
- Y cada uno pagara aproximadamente $1,000 pesos
- Se produciría una transferencia de alrededor de $1,800 millones de pesos hacia el gremio notarial
Analistas del sector señalan que este monto no fortalece a las instituciones públicas ni mejora la atención territorial, sino que traslada recursos de comunidades rurales hacia un servicio privado, cuando el Estado ya cuenta con un procedimiento gratuito plenamente válido.
Voces críticas desde las comunidades
Diversos ejidatarios han expresado su inconformidad abiertamente, cuestionando el sentido del programa en las redes sociales de la Procuraduría Agraria. "Para eso existe el depósito de lista de sucesión y su trámite está establecido perfectamente... de lo contrario es un negocio de salpicarles honorarios a los notarios, de un trámite que ya está en la ley", acusó Dulce Amanecer Citalli López.
La misma ejidataria calificó de "absurdo" promover el programa, al advertir que no es comparable el costo de un notario con el trámite administrativo gratuito, y que la solución real sería llevar registradores a las comunidades mediante jornadas itinerantes.
En el mismo sentido, Rubén Zavala consideró que el acuerdo debió centrarse en fortalecer al propio Estado: "El convenio lo deben hacer con el RAN para que vayan a los núcleos agrarios y hagan las listas de sucesores sin costo alguno para los campesinos".
Certeza jurídica o privatización encubierta
Especialistas coinciden en que el problema de fondo no es la ausencia de instrumentos legales, sino la ineficiencia operativa y la limitada presencia territorial del RAN y de la Procuraduría Agraria. En lugar de fortalecer esas capacidades, el convenio desplaza la demanda hacia un servicio privado.
Esto genera la percepción de que se privilegia a un gremio específico bajo el discurso de la "certeza jurídica", cuando en realidad se estaría privatizando un trámite que por ley debe ser gratuito. El funcionario del RAN señaló que más del 50% del territorio nacional es propiedad social y que, en consecuencia, una proporción similar de los actos jurídicos del país se realiza en ese ámbito, con participación notarial.
Para los críticos del convenio, estas declaraciones acentúan la contradicción central del programa: mientras se reconoce públicamente la existencia de un trámite gratuito y exclusivo del Estado, se impulsa de manera paralela un esquema de pago que podría representar miles de millones de pesos en costos para los núcleos agrarios, beneficiando principalmente al notariado.
