Ex trabajadores del Sistecozome inician protestas semanales por deudas laborales
En una situación que se arrastra desde hace casi nueve años, un grupo de 16 ex trabajadores del extinto Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome) realizó una manifestación frente a Palacio de Gobierno en Jalisco, exigiendo el pago de laudos laborales que permanecen pendientes desde el cierre definitivo de la empresa paraestatal en julio de 2017.
Reclamos sin respuesta ante autoridades
Héctor Ramos Vega, líder del Sindicato de Trabajadores del Sistecozome, denunció que durante la protesta inicial "no hubo quien nos atendiera en realidad aquí en Palacio de Gobierno", señalando que los funcionarios estatales "siguen de vacaciones". Ante esta falta de respuesta, los manifestantes anunciaron que realizarán protestas semanales todos los lunes a las 10 de la mañana frente a la sede del gobierno de Jalisco.
Deuda laboral que supera los 30 millones de pesos
Según los cálculos de los ex trabajadores, el gobierno de Jalisco mantiene una deuda aproximada de 30 millones de pesos con aproximadamente 140 ex empleados y viudas que tienen juicios laborales pendientes. De estos casos, entre 40 y 50 corresponden a trabajadores que ya obtuvieron laudos favorables pero que no han recibido el pago correspondiente.
"El pendiente que tenemos es de lo que ya tenemos laudado, que se nos hiciera el pago y que la Junta de Conciliación y Arbitraje saque los demás laudos que están pendientes", explicó Ramos Vega, quien destacó que algunos afectados pertenecen a otro sindicato o reciben asesoría legal particular.
Protestas que se remontan al sexenio de Aristóteles Sandoval
La problemática laboral se originó durante la administración del entonces gobernador Aristóteles Sandoval, cuando la paraestatal cerró sus puertas definitivamente. Los ex conductores de trolebuses y camiones urbanos han mantenido su lucha durante casi una década, buscando que se cumplan los fallos judiciales que les otorgan derecho a indemnizaciones y liquidaciones.
La persistencia de este conflicto laboral evidencia las dificultades que enfrentan los trabajadores del sector público cuando las empresas estatales son liquidadas, particularmente en casos donde los procesos judiciales se prolongan por años sin que se materialicen los pagos ordenados por las autoridades laborales.
