Senado da luz verde a transformación histórica de la jornada laboral en México
En una decisión unánime que marca un hito en la legislación laboral mexicana, las comisiones unidas del Senado de la República aprobaron este lunes el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo para reducir de manera progresiva la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con una implementación escalonada que culminará en el año 2030.
El proyecto, que ya fue remitido a la Mesa Directiva del Senado, será discutido y sometido a votación en el pleno este miércoles 11 de febrero, donde podría recibir la aprobación definitiva o sufrir ajustes de última hora según las negociaciones entre los distintos grupos parlamentarios.
Calendario de implementación gradual
La reforma establece una disminución sistemática de dos horas por año en la jornada semanal, conforme al siguiente calendario detallado:
- 2026: 48 horas semanales (situación actual)
- 2027: 46 horas semanales
- 2028: 44 horas semanales
- 2029: 42 horas semanales
- 2030: 40 horas semanales
Según los legisladores promotores de la iniciativa, el objetivo central es "garantizar un mayor descanso y bienestar a las y los trabajadores mexicanos sin afectar negativamente los niveles de empleo, los salarios ni la productividad empresarial".
Modificaciones clave a la legislación laboral
El dictamen aprobado modifica disposiciones fundamentales de la Ley Federal del Trabajo, entre las que destacan:
- Artículo 59: Fija la duración máxima de la jornada ordinaria en 40 horas semanales, estableciendo así el nuevo estándar nacional.
- Artículo 61: Mantiene sin cambios la jornada diaria en hasta ocho horas para turnos diurnos, siete horas para turnos nocturnos y siete horas y media para jornadas mixtas.
Sin embargo, la reforma no modificó el polémico artículo 69, que actualmente establece un día de descanso por cada seis días de trabajo, lo que ha generado críticas contundentes desde diversos grupos parlamentarios que consideran esta omisión como una falla significativa en el diseño de la reforma.
Debate intenso sobre el descanso semanal
Numerosos senadores de diferentes bancadas señalaron durante la discusión que la reforma "debía expresar de forma explícita y obligatoria dos días de descanso por semana", advirtiendo que, sin este ajuste regulatorio, el beneficio real del recorte de horas laborales podría diluirse considerablemente en la práctica.
Incremento de horas extras genera controversia
Otro punto que ha generado intenso debate es el aumento del tope máximo de horas extras permitidas, que pasaría gradualmente de las actuales 9 horas a 12 horas hacia el año 2030. Legisladores de oposición advirtieron con preocupación que esta modificación "abre la puerta a mantener esquemas de trabajo extensos y agotadores mediante el uso intensivo de horas extraordinarias", lo que podría neutralizar parcialmente los beneficios de la reducción formal de la jornada ordinaria.
Posturas a favor: beneficios para la salud y bienestar laboral
Desde el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena se respaldó firmemente la iniciativa, argumentando que ayudará sustancialmente a reducir el estrés crónico laboral, asociado científicamente a padecimientos como ansiedad, depresión y problemas cardiovasculares, además de mejorar significativamente el equilibrio entre la vida laboral y personal de millones de trabajadores.
Advertencias sobre impacto fiscal para las empresas
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) alertó que, en el corto y mediano plazo, los cambios propuestos podrían incrementar las cargas fiscales y operativas para las empresas, especialmente por el costo adicional de las horas extras, lo que —advirtieron— "limitaría la capacidad de respuesta empresarial ante picos estacionales de producción y podría afectar la competitividad de sectores clave de la economía nacional".
Próximos pasos legislativos
El dictamen fue aprobado en comisiones con 48 votos a favor y ya recibió su primera lectura formal. Su discusión en el pleno del Senado está programada para este 11 de febrero, donde podría ser aprobado en definitiva, rechazado o sujeto a modificaciones de último momento según las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara alta.
