Consulta para modificar alerta sísmica genera confusión entre usuarios por proceso complejo
La consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para modificar el mensaje de la llamada alerta presidencial ha generado una notable confusión entre los usuarios. Esto se debe principalmente a la forma en que se presenta la información y a la complejidad del proceso para emitir una opinión, lo que ha dificultado la participación ciudadana en un asunto de relevancia para la seguridad pública.
Objetivo oficial y cambios propuestos en la alerta sísmica
Aunque el objetivo oficial es ajustar el texto de la alerta sísmica para evitar referencias a la figura presidencial, el mecanismo de consulta y los documentos disponibles no explican de manera clara el impacto del cambio para la población. La CRT sometió a consulta la modificación de los "Lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común", con el fin de actualizar los mensajes de alerta nivel 1, conocidos popularmente como alerta presidencial.
El principal cambio propuesto es eliminar la referencia a la Persona Titular del Poder Ejecutivo, para sustituirla por una denominación genérica que destaque su carácter de Alerta Máxima, sin personalizar el origen del mensaje. Entre las modificaciones planteadas se encuentran:
- Cambio en la descripción del nivel 1, para que se identifique como Alerta Máxima y no como alerta asociada al Presidente.
- Incorporación de una columna llamada "Título de la ventana del Mensaje de Alerta", que precise el encabezado visible para los usuarios.
- Aclaración del origen institucional, señalando que la autoridad responsable de emitir las alertas es la Coordinación Nacional de Protección Civil, y no el Ejecutivo federal.
Proceso de consulta pública con plazo reducido y complejidad
De acuerdo con la CRT, la intención es que los mensajes sean percibidos como herramientas de protección civil y gestión de riesgos, y no como comunicaciones políticas o personalizadas. La autoridad sostuvo que el ajuste no modifica el funcionamiento técnico del sistema, no impone nuevas obligaciones a concesionarios de telecomunicaciones y se alinea con estándares internacionales como el European Public Warning System (EU-ALERT).
Sin embargo, la propuesta fue sometida a consulta pública por solo 10 días hábiles, un periodo menor al habitual, justificado por la CRT debido al impacto limitado y la urgencia de la modificación. Para participar en la consulta, los ciudadanos deben registrarse con nombre completo y correo electrónico, verificar su cuenta mediante un enlace y posteriormente acceder a los documentos técnicos del proyecto.
Los materiales disponibles no están diseñados para el público en general, ya que contienen terminología jurídica y técnica, sin una explicación simplificada que permita entender con claridad qué cambia y cómo impacta a los usuarios. De la lectura de los documentos se desprende que la propuesta se centra en renombrar los niveles de alerta, manteniendo el esquema actual:
- Nivel 1: Alerta Máxima
- Nivel 2: Alerta Extrema
- Nivel 3: Alerta Grave
No se plantean opciones alternativas ni explicaciones dirigidas a usuarios sobre por qué estas denominaciones serían más claras, lo que ha alimentado la percepción de confusión en torno a la consulta. En caso de aprobarse, los usuarios seguirán recibiendo las alertas en los mismos dispositivos, aunque con un mensaje que enfatice el nivel de riesgo y no la figura presidencial.
