Juez federal ordena al DIF de San Luis Potosí garantizar desayunos escolares por seis años en primaria rural
Un juzgado de distrito federal ha emitido una resolución histórica que obliga al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Luis Potosí a garantizar la entrega de desayunos escolares a estudiantes de una primaria rural ubicada en el municipio de Santa María del Río. La decisión judicial, emitida el 31 de marzo de 2026, establece que este apoyo alimentario deberá brindarse de manera continua durante al menos seis años, asegurando así condiciones adecuadas para el desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños a lo largo de su educación básica.
Exclusión injustificada de programa alimentario
El caso fue dado a conocer por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, organización que reveló que la escuela había sido excluida de forma reiterada por parte del DIF estatal bajo el argumento de que no se encontraba dentro de los planteles considerados como de "primera necesidad". Sin embargo, esta decisión administrativa contrastaba dramáticamente con la realidad documentada en la comunidad.
De acuerdo con un estudio de campo elaborado por una trabajadora social, los estudiantes enfrentan condiciones preocupantes de desnutrición, además de vivir en un entorno con carencias importantes en infraestructura, rezago educativo y altos índices de deserción escolar. La evidencia demostraba una situación de vulnerabilidad extrema que exigía intervención inmediata.
Recurso judicial tras agotar vías administrativas
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales, madres de familia en representación de siete hogares decidieron recurrir a instancias judiciales, luego de haber agotado todos los mecanismos administrativos sin obtener una solución favorable. Su perseverancia en la búsqueda de justicia alimentaria para sus hijos culminó en este fallo trascendental.
En su decisión, el juez fundamentó su resolución en los artículos 3° y 4° de la Constitución Mexicana, que reconocen el derecho a la educación y a la alimentación, así como en un precedente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sentencia destaca la relación directa e indisoluble entre ambos derechos, señalando que el aprendizaje de los menores se ve severamente afectado cuando no cuentan con una nutrición adecuada.
Impacto de la desnutrición en el rendimiento escolar
El juzgador subrayó que la desnutrición infantil impacta de manera directa y profunda en el rendimiento escolar, por lo que el Estado tiene la obligación constitucional de intervenir para garantizar condiciones mínimas que permitan el acceso efectivo a la educación. Consideró que la exclusión del plantel, pese a cumplir con todos los indicadores de alta vulnerabilidad, no puede justificarse con criterios meramente administrativos, ya que ello vulnera derechos fundamentales de la niñez.
Como parte integral de la resolución, no solo se ordenó la incorporación inmediata de la escuela al programa de desayunos, sino también una reparación completa. Esto implica que el DIF estatal deberá asegurar los recursos necesarios para mantener el suministro de alimentos conforme a estándares oficiales durante todo el periodo establecido de seis años.
Efectos ampliados a toda la comunidad escolar
Un aspecto significativo del fallo es que, aunque el amparo fue promovido inicialmente por siete familias, el juez determinó que sus efectos deben extenderse a todos los alumnos del plantel, garantizando así el acceso universal al beneficio dentro de la comunidad escolar. Esta decisión amplía el impacto positivo de la resolución judicial a todos los estudiantes vulnerables de la institución.
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico destacó que este caso refleja la importancia fundamental del litigio estratégico como herramienta para hacer efectivos los derechos humanos, especialmente en contextos donde las instituciones no responden adecuadamente a las necesidades de los sectores más vulnerables de la población.
La organización subrayó que decisiones judiciales como esta permiten transformar derechos establecidos en la ley en beneficios tangibles y concretos para la población, particularmente para niñas y niños que viven en condiciones de marginación y pobreza extrema. Este precedente sienta las bases para futuras acciones legales en defensa del derecho a la alimentación escolar en todo el país.
