UAEM sin avances en diálogo; estudiantes denuncian dilación y doble discurso
Las mesas de diálogo y trabajo entre autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y estudiantes en paro, que ya superan los 40 días, no han logrado encauzar el conflicto ni garantizar condiciones de seguridad y no represión para el regreso a clases presenciales. Los integrantes de la Resistencia Estudiantil denuncian un doble discurso institucional, incremento en el hostigamiento y amenazas por parte de directivos para obligarlos a retomar actividades mediante clases virtuales "voluntarias".
Denuncias de dilación y evasión
En entrevistas, integrantes de la Resistencia Estudiantil, quienes pidieron anonimato por temor a represalias, señalaron que las mesas de diálogo han estado marcadas por la dilación, falta de acuerdos concretos y evasión de los temas centrales del conflicto. Hasta ahora se han realizado dos mesas de diálogo y al menos dos de trabajo, abordando temas como garantías de no represalias, seguridad universitaria, planes académicos para la recuperación del semestre y representación estudiantil, sin avances sustantivos.
Uno de los puntos de mayor tensión ha sido el modelo de seguridad propuesto por el Gobierno de Morelos. Los estudiantes acusaron que se han planteado medidas sin consulta ni diagnóstico con la comunidad, además de rechazar la posible intervención de corporaciones externas a la universidad. También señalaron que el plan académico presentado por la autoridad corresponde a un esquema de continuidad y no de recuperación, como lo han exigido.
Campaña de desprestigio y represalias
De forma paralela, las y los estudiantes denunciaron una campaña de desprestigio en su contra mediante la difusión de versiones que, aseguran, distorsionan lo ocurrido en las mesas y buscan incidir en la percepción pública del movimiento. También acusaron presuntas represalias contra participantes del paro, incluidas advertencias académicas y laborales, así como intentos de identificación de integrantes del movimiento dentro de distintas áreas universitarias.
Asimismo, denunciaron la difusión recurrente de materiales audiovisuales en redes sociales y medios de comunicación vinculados a actores institucionales y políticos, los cuales, afirman, han contribuido a una narrativa de criminalización y estigmatización del movimiento, al presentarlos como "encapuchados" o "pseudoestudiantes", especialmente tras la toma de Rectoría y otros momentos del conflicto.
Nuevos puntos de fricción en Farmacia
El conflicto tuvo un nuevo punto de fricción durante un intercambio público a las afueras de la Facultad de Farmacia de la UAEM, donde estudiantes de distintas unidades académicas y voceros de la Resistencia Estudiantil denunciaron presuntos actos de hostigamiento, presión para el regreso a clases, falta de transparencia y posibles represalias académicas.
En el encuentro participaron la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, la procuradora de Derechos Académicos, Araceli Álvarez Castro, y el área jurídica de la universidad, quienes defendieron la continuidad académica, la legalidad de las medidas institucionales y la ruta del diálogo, además de reiterar el reconocimiento al movimiento estudiantil como interlocutor válido.
Estudiantes de la Facultad de Enfermería señalaron a la directora Beatriz Lisbeth Rodríguez Baena por presunta difusión de información a jefes de grupo para presionar el regreso a clases, además de sostener que ha mantenido canales de comunicación diferenciados con representantes estudiantiles. También acusaron contradicciones en su actuación.
Postura institucional y respuesta estudiantil
La procuradora Araceli Álvarez Castro afirmó que las clases virtuales son una medida "idónea, necesaria y proporcional" para garantizar el derecho a la educación sin afectar el derecho a la protesta. Detalló que el regreso a clases virtuales se propone con algunas disposiciones para salvaguardar el derecho de los paristas; entre ellas, que las sesiones deben ser grabadas y estarán disponibles para su consulta posterior.
Asimismo, se precisa que los estudiantes que opten por no conectarse, en respaldo al paro, no podrán ser objeto de sanciones ni ver comprometidos sus derechos escolares. El área jurídica, en voz del abogado Ulises Flores, precisó que el criterio es orientador y no una resolución sobre el movimiento, mientras que la rectoría sostuvo que las decisiones deben atenderse de forma diferenciada en cada unidad académica.
En tanto, la rectora Viridiana Aydeé León Hernández reiteró el reconocimiento al movimiento Resistencia Estudiantil y la disposición al diálogo, además de señalar que revisará la postura con los directivos para garantizar que no se repitan actos contrarios a los acuerdos. El intercambio concluyó sin acuerdos, aunque ambas partes insistieron en mantener abierta la mesa de diálogo.
Declaraciones posteriores y desconfianza
Minutos más tarde, en entrevista con diversos medios, la rectora León Hernández informó que más de 25 unidades académicas ya habían retomado clases antes del periodo vacacional, principalmente en los campus oriente y sur-poniente, así como siete de las ocho preparatorias. Indicó que el regreso será gradual y que se reincorporarán quienes ya estaban en actividades.
Señaló que en algunas unidades se han logrado acuerdos entre estudiantes y que se instruyó a directores a respetar el acuerdo de no represalias, para evitar hostigamiento o afectaciones académicas. Afirmó que la universidad ya entregó el plan de retorno, el programa de capacitación y la respuesta al pliego petitorio, y sostuvo que hay apertura al diálogo, aunque no se está obligando al regreso a clases virtuales. Finalmente, llamó a evitar la polarización y a construir acuerdos dentro de las comunidades estudiantiles.
Sin embargo, para integrantes de la Resistencia Estudiantil, tanto la postura de la Procuraduría de los Derechos Académicos como de la Rectora y sus declaraciones ante la prensa, son la evidencia de que mantienen un doble discurso y el regreso a clases virtuales fue considerado un acto de provocación. Las y los estudiantes afirmaron que continuarán documentando las irregularidades y sostienen que, aunque mantienen disposición al diálogo, no ven voluntad real por parte de las autoridades.
