El próximo 28 de abril vence el plazo para que productores agrícolas y municipios regularicen sus títulos de concesión de agua vencidos entre octubre de 2017 y marzo de 2025, según el Decreto de Facilidades Administrativas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La medida aplica a concesiones con volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales, e incluye a entidades federativas y municipios con títulos de uso público urbano sin límite de volumen.
Reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La regularización forma parte de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones. No obstante, especialistas advierten que su aplicación enfrenta desafíos significativos, especialmente en el uso de agua subterránea mediante pozos.
Josué Sánchez Tapetillo, especialista en Gestión Integrada de Recursos Hídricos, señaló que los retos son estructurales y se centran en la implementación, no en el diseño normativo. “El problema no es la falta de herramientas regulatorias, sino las condiciones económicas, técnicas y operativas que limitan su cumplimiento en campo”, explicó.
Medición precisa con tecnologías avanzadas
Existe una norma mexicana que promueve el uso de tecnologías avanzadas para medir aprovechamientos de agua superficial y subterránea, permitiendo un monitoreo en tiempo real. Sin embargo, su adopción ha sido limitada por costos y falta de obligatoriedad directa.
“El principal reto de Conagua en aprovechamientos de agua subterránea, pozos y norias, es implementar lo que dispone la normatividad. En un país de escasos recursos, incorporar a los usuarios es difícil”, afirmó Sánchez Tapetillo.
Actualmente, la mayoría de los aprovechamientos usan medidores mecánicos obsoletos, propensos a errores y manipulación. Los nuevos sistemas electrónicos transmiten datos automáticamente y alertan sobre consumos. “Muchos medidores mecánicos están dañados y no miden bien. Las mediciones manuales se prestan a manipulación, y Conagua no tiene personal para vigilar más de medio millón de títulos”, indicó.
Barreras económicas y excepciones
El costo de los sistemas electrónicos es una barrera significativa, especialmente para usuarios con menor capacidad económica. “Cambiar medidores y equipamiento puede costar cientos de miles de pesos. Grandes empresas no tienen problema, pero muchos usuarios de uso público urbano o doméstico no han hecho el cambio”, agregó.
Además, el sector agrícola, que consume alrededor del 75% del agua en el país, no está obligado a cumplir con estas disposiciones. “Debería haber una sectorización, porque no es lo mismo un pequeño productor que una empresa transnacional. Como no están obligados, no han renovado sus medidores”, criticó.
Vigilancia y aprovechamientos clandestinos
Sánchez Tapetillo advirtió que otro desafío es la vigilancia de aprovechamientos clandestinos, que operan sin registro. “Conagua debería implementar tecnología satelital e investigación en campo para detectarlos. Si se aplicara forzosamente la norma, podría enfocarse en sancionar o regularizar esos aprovechamientos ilegales, en lugar de revisar manualmente todas las concesiones”, concluyó.
