La justicia en el caso Ceremonia no se detuvo sola; fue cercada por una red de recursos legales y conflictos de interés. Desde abril de 2025, cuando una estructura metálica se desplomó en el Festival Axe Ceremonia y causó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Hernández, el proceso penal ha estado atrapado en una maraña de amparos, suspensiones y maniobras que han impedido que el expediente llegue ante un juez. No se trata de simple lentitud judicial, sino de un asedio deliberado.
Estrategia legal para frenar la audiencia
La Fiscalía de la Ciudad de México intentó en múltiples ocasiones judicializar el caso, pero cada vez que la audiencia inicial estaba por celebrarse, surgía un nuevo obstáculo: un amparo, una suspensión o un recurso paralelo. El caso no se congeló por accidente; fue congelado intencionalmente. En el centro de esta estrategia aparece Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario y responsable directa del Programa Especial de Protección Civil del festival. Esta empresa promovió 15 juicios de amparo desde abril de 2025, de los cuales 13 tuvieron como objetivo específico impedir la audiencia inicial. Es decir, la empresa que asumió responsabilidades de seguridad fue la que más litigó para evitar comparecer ante un juez.
El 6 de marzo de 2026: una rendija que se cerró
El 6 de marzo de 2026 pareció abrirse una oportunidad: la suspensión que bloqueaba el procedimiento había quedado sin efectos, y la Fiscalía tenía listo el expediente. Sin embargo, el avance fue sofocado nuevamente. En este punto emerge otro aspecto oscuro: los intereses cruzados en la representación de una de las víctimas. El abogado Fabián Victoria, representante de la familia Giles, sostuvo públicamente que la audiencia no debía celebrarse si no se incluía a todas las empresas imputadas. Este argumento, aunque aparentemente buscaba ampliar responsabilidades, coincidió con el efecto deseado por la defensa de Operadora Eclectic: frenar la audiencia. Documentos judiciales revelan escritos con argumentos casi idénticos presentados en tiempos similares, lo que sugiere una coordinación.
Conflicto de interés con un funcionario público
En esta trama también figura Gerardo Guzmán, señalado como operador jurídico de la estrategia y, al mismo tiempo, servidor público activo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México. Según la documentación, Guzmán participó en actuaciones del caso y firmó escritos dirigidos a la Fiscalía para solicitar que no se imputara a Operadora Eclectic. La intervención de un funcionario público en gestiones que benefician a una empresa investigada por homicidio culposo configura un grave conflicto de interés.
Fractura entre las familias de las víctimas
El contraste entre las familias también es evidente. Mientras la representación de la familia Giles impulsó una ruta que contribuyó a frenar la audiencia, la familia de Miguel Hernández (representada por el colectivo 'Hoy Somos Todo Por Miguel') presionó para que el proceso avanzara. Esta diferencia refleja una fractura en la concepción de la justicia: unos optaron por bloquear hasta reconfigurar el tablero, otros por abrir la puerta del juzgado.
OCESA vs. Operadora Eclectic: dos posturas opuestas
OCESA mantuvo una disposición de colaboración institucional con las autoridades, mientras que Operadora Eclectic se convirtió en el actor corporativo más activo en la contención judicial, utilizando el litigio como barricada. Un dato relevante es que la póliza de seguro del festival fue presentada por George McPhail Trouyet como representante legal tanto de Operadora Eclectic como de Operadora de Proyectos de Entretenimiento, lo que muestra la densidad de la red empresarial involucrada.
Más de un año después de la tragedia, el caso Ceremonia sigue sin audiencia inicial. Nadie ha tenido que sentarse ante un juez para responder por lo ocurrido. La herida permanece abierta no solo para las familias, sino para el sistema de justicia. La pregunta ya no es solo quién tuvo responsabilidad en la tragedia, sino quiénes han trabajado para que esa responsabilidad no sea examinada en los tribunales. En el caso Ceremonia, la impunidad no ha sido silencio, sino litigio.
