Desalojo violento en Manzanillo para construir Viviendas del Bienestar
Elementos de la Policía Estatal y la Marina llevaron a cabo un operativo de desalojo con uso de fuerza en el jardín público de la colonia Arboledas de Salagua, ubicado sobre la Avenida Elías Zamora, con el objetivo de permitir la entrada de maquinaria pesada para la construcción de casas del programa Viviendas del Bienestar. Los vecinos se oponen firmemente a esta acción.
Detenciones durante la protesta
Durante el desalojo fueron detenidos la exregidora Martha Zepeda del Toro y el excandidato a diputado local Eduardo Pimienta, ambos de Movimiento Ciudadano, quienes participaban en la protesta. Los vehículos policiales llegaron cerca del mediodía del jueves 30, argumentando que los manifestantes estaban invadiendo un bien privado. Sin embargo, los vecinos sostienen que el área es pública y está destinada por ley a un jardín vecinal, por lo que la administración no puede cederla para otros fines.
Cadena humana y violencia policial
Ante las amenazas de los agentes, los vecinos formaron una cadena humana frente a la maquinaria, que ya había destruido algunos árboles. La policía disuadió a los participantes mediante violencia y arrestó a la exregidora y al excandidato. Tras varias horas retenidos, fueron liberados sin que las autoridades informaran sobre su arresto y liberación.
Suspensión judicial ignorada
El predio en disputa cuenta con una suspensión definitiva otorgada por un juez federal, recogida en el juicio de amparo 1013/2025, que prohíbe explícitamente a las autoridades la tala de árboles o cualquier alteración en el suelo del parque público de Salagua, un pulmón urbano que alberga al menos 27 ejemplares de Parota y 6 cedros. Estos árboles están reconocidos como especies protegidas por decreto estatal en Colima desde 2011, y el área está categorizada en los planes de desarrollo urbano como corredor biológico de alta importancia, crucial para la resiliencia ante inundaciones del arroyo Punta de Agua.
Denuncia de falta de documentación
La asociación civil Vigilemos Manzanillo denunció que los trabajadores en el sitio no presentaron documentación alguna cuando se les cuestionó mientras talaban los árboles. Los supuestos trabajadores solo respondieron que seguían instrucciones, pero no mostraron ningún permiso ni orden oficial.
Enredo jurídico y contradicciones
El caso presenta contradicciones administrativas y legales. El Ayuntamiento de Manzanillo formalizó la donación de un área de cesión pública, previamente destinada a un jardín vecinal, para entregarla al Infonavit en el marco del programa de vivienda federal. Sin embargo, esta decisión no contempló ninguno de los cinco lotes gubernamentales propuestos por los vecinos para el desarrollo de vivienda social, a fin de evitar la destrucción de la única área verde de la zona.
La organización Pura Vida, Ciencia y Conservación señaló que darle un uso distinto al Parque Urbano Salagua es ilegal y que construir en la zona supone un grave riesgo por la cercanía con el cauce del arroyo. Además, existe una discrepancia documental: mientras la policía argumentó el desalojo por invasión de un bien privado, los registros de protocolización del municipio de 2016 indican que la transmisión de propiedad se realizó sin la firma del propietario original. Los vecinos alegan que, sin certeza jurídica, un área de destino público no puede ser enajenada arbitrariamente para fines privados.
Conclusión
La insistencia de las autoridades en ocupar este predio, ignorando las cinco alternativas de terrenos gubernamentales propuestas por la comunidad y la sentencia judicial que prohíbe la alteración del ecosistema, deja una lectura confusa sobre los intereses en este espacio. Con esta acción de despojo, la administración vulnera abiertamente el marco legal y arrebata el último pulmón verde a la comunidad de Salagua, poniendo en riesgo la seguridad ambiental de la zona.
