A 19 años de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, organizaciones feministas exigieron al gobierno mexicano eliminar el delito de aborto en todo el país, conforme a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023.
Manifestación en el Centro Histórico
En una conferencia de prensa realizada en el Centro Histórico, las activistas calificaron el “logro histórico” de hace casi dos décadas como “insuficiente”, especialmente ante el auge de movimientos conservadores a nivel mundial.
De acuerdo con la Secretaría de Salud local, desde el 24 de abril de 2007 —fecha en que se aprobó la ILE en el entonces Distrito Federal— hasta la actualidad, se han realizado cerca de 300 mil procedimientos en la capital sin registrar ninguna muerte materna.
CDMX, principal punto de acceso
Datos de las organizaciones señalan que la Ciudad de México es el principal punto de acceso a la ILE en el país: cuatro de cada diez mujeres que abortan en la capital provienen de otras entidades donde existen restricciones legales.
Alondra Carrasco, de REDefine México, subrayó la necesidad de ir más allá de la legislación actual, que establece un límite de 12 semanas para abortar. El siguiente paso, indicó, debe ser la despenalización total del aborto en el Código Penal federal, siguiendo los criterios de la Corte.
Urgencia de eliminar el delito
Patricia López, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), insistió en que es “urgente y necesario” transformar el modelo aplicado en la CDMX en la eliminación del delito en el Código Penal “para seguir siendo un referente nacional, regional y global”.
Aidé García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México, añadió que eliminar el delito de aborto “no solo es una deuda pendiente, sino también una oportunidad para consolidar a la Ciudad de México como referente de derechos humanos”.
Avances y pendientes legislativos
Desde 2007, la ILE se ha aprobado en 23 de las 32 entidades del país, luego de que la SCJN declarara en 2023 inconstitucional criminalizar el derecho a decidir. El máximo tribunal ordenó al Congreso de la Unión eliminar el delito de aborto del Código Penal, pero la reforma sigue pendiente en varios estados.
Las activistas recordaron que en noviembre de 2024 presentaron ante el Congreso capitalino una iniciativa para eliminar el delito de aborto del Código Penal de la CDMX y trasladar su regulación al ámbito de la salud pública, con el fin de evitar la criminalización y garantizar un acceso efectivo. Sin embargo, no obtuvieron respuesta de los legisladores.
300 mil procedimientos sin muertes
Durante la conferencia, la secretaria de Salud Pública de la CDMX, Nadine Gassman, informó que desde 2007 se han otorgado aproximadamente 300 mil atenciones en materia de ILE dentro del sistema público de salud de la ciudad, “con estándares médicos, protocolos actualizados y acompañamiento profesional”. Destacó que en casi dos décadas no se ha registrado ninguna muerte materna.
La exdirectora del Instituto Nacional de las Mujeres señaló que el sistema de salud ha construido “una experiencia sólida, pionera y reconocida nacional e internacionalmente en la garantía de este derecho”. Además, afirmó que este modelo ha abierto camino no solo en México, sino en múltiples discusiones de América Latina sobre salud pública y justicia reproductiva.
Atención integral y retos
Gassman detalló que se ha consolidado un modelo de atención “integral” que incluye consejería, valoración clínica, acceso a métodos seguros y recomendados internacionalmente, seguimiento posterior y vinculación con otros servicios de salud sexual y reproductiva, como anticoncepción y orientación preventiva.
La dependencia trabaja con el IMSS y el ISSSTE “para asegurar que los servicios, que son sorprendentemente nuevos, cumplan con todos estos criterios”, agregó.
No obstante, reconoció que persisten retos para vencer desigualdades territoriales y sociales en el acceso a la información y los servicios. “No todas las mujeres o personas llegan en las mismas condiciones para ejercer sus derechos. Influyen factores como el nivel de ingreso, la edad, lugar de residencia, redes de apoyo, acceso al transporte, disponibilidad de tiempo y conocimiento sobre las rutas institucionales. Todavía pueden presentarse barreras prácticas en el retraso del acceso y hay miedo al juicio social”.
El reto permanente de la autoridad, afirmó, es “fortalecer la calidad de los servicios en toda la red pública, asegurar una atención digna, un trato respetuoso, personal sensibilizado, capacitación continua, infraestructura y abasto”.
Ley contra la criminalización
En la conferencia, la secretaria de las Mujeres de la CDMX, Dafne Cuevas, recordó que el gobierno capitalino prepara una ley sobre criminalización del aborto para avanzar hacia la despenalización social y atender la criminalización vigente.
