Iniciativa busca justicia económica para familias afectadas por conductores en estado de ebriedad
En la Ciudad de México, los atropellamientos representan una de las principales causas de muerte en incidentes viales, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Las cifras revelan que aproximadamente el 30% de las muertes en carreteras y calles están directamente relacionadas con el consumo de alcohol, una estadística alarmante que ha motivado propuestas legislativas innovadoras.
Una obligación de por vida para conductores irresponsables
La vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso local, Rebeca Peralta, ha presentado una iniciativa que busca transformar radicalmente la forma en que se repara el daño causado por conductores ebrios. La propuesta central establece que aquellos conductores que, bajo los efectos del alcohol o drogas, provoquen la muerte de una persona, deberán pagar una pensión mensual a los hijos de sus víctimas.
"No podemos devolver la vida, pero sí podemos garantizar el futuro", declaró Peralta en entrevista exclusiva, enfatizando que el objetivo fundamental de su iniciativa es reconocer que las víctimas no se limitan a quienes fallecen, sino que incluyen a quienes quedan atrás, especialmente aquellos familiares que dependían económicamente de la persona fallecida.
Distinción crucial entre accidente y decisión irresponsable
La legisladora fue categórica al diferenciar entre un accidente circunstancial y lo que ella considera una decisión consciente de peligro: "Conducir ebrio y atropellar no es un accidente porque eso se puede evitar". Peralta explicó que su iniciativa se dirige específicamente a conductores ebrios o bajo efectos de sustancias porque "el beber y conducir es una decisión; al ponerte al volante en estado de ebriedad te pones en peligro, y a los demás también".
Esta distinción jurídica es fundamental, ya que establece un marco de responsabilidad diferenciado entre incidentes fortuitos y aquellos resultantes de decisiones conscientes que ponen en riesgo la vida ajena.
Nuevo esquema de reparación del daño
Actualmente, la ley contempla la reparación del daño, pero en la práctica esta suele limitarse a una indemnización única que, según Peralta, resulta insuficiente para cubrir las necesidades de largo plazo de niñas, niños y adolescentes que dependían económicamente de la víctima.
La iniciativa propone crear un nuevo esquema de reparación con pagos periódicos que garantice ingresos sostenidos para el futuro de los menores afectados. "Lo que estamos proponiendo es que la reparación del daño sea real, que no sea de una sola vez, sino que incluya una pensión económica periódica que garantice la subsistencia y el desarrollo de las víctimas que se quedan", explicó la también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino.
Detalles de la propuesta legislativa
La iniciativa plantea adicionar el artículo 140 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, estableciendo que un juez determinará el monto de la pensión tomando en cuenta:
- Los ingresos que percibía la víctima
- Las necesidades específicas de las personas beneficiarias
- El nivel de vida que la víctima sostenía para su familia
Para casos donde la víctima no tenía un empleo remunerado, el cálculo considerará los gastos asociados a las labores de cuidado, alimentación, atención y acompañamiento que la persona aportaba dentro del núcleo familiar. "Las labores del hogar también generan valor y sostienen familias, por eso deben ser reconocidas al momento de fijar la reparación del daño", argumentó Peralta.
Duración y alcance de la pensión
La propuesta establece que la pensión podrá extenderse hasta que las hijas, hijos o dependientes económicos alcancen la mayoría de edad, o bajo condiciones que la autoridad judicial considere pertinentes en casos donde las víctimas continúen estudios superiores.
Además, contempla la adición del artículo 67 Bis a la Ley de Víctimas de la Ciudad de México para que las hijas e hijos sean reconocidos como víctimas indirectas, permitiéndoles acceder a apoyos económicos mensuales por parte del Estado mientras se desarrolla el proceso judicial.
"No podemos permitir que una indemnización única se convierta en un permiso para olvidar. La justicia debe ser completa, sostenida y enfocada en proteger a quienes más lo necesitan", concluyó Rebeca Peralta, subrayando el carácter transformador de su propuesta frente a un sistema que, según su visión, actualmente reconoce como víctima únicamente a la persona que fallece, dejando en desprotección a quienes sufren las consecuencias económicas y emocionales a largo plazo.
