La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso local una iniciativa para reformar el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México, con el objetivo de crear una institución encargada de defender los derechos de los arrendatarios y promover un incremento en la oferta de vivienda en renta.
Detalles de la propuesta
La iniciativa plantea una política integral para aumentar la oferta de vivienda social y asequible, con mecanismos de acceso específicos para jóvenes y grupos de atención prioritaria. De aprobarse, el gobierno local ampliará su reserva territorial mediante la adquisición de suelo y se establecerá que la renta de inmuebles habitacionales no podrá incrementarse anualmente por encima de la inflación reportada por el Inegi. Además, se promoverán políticas para disminuir los efectos negativos de la gentrificación y favorecer el arraigo vecinal y comunitario.
Reacciones encontradas
La bancada del PAN manifestó su rechazo antes de que la iniciativa llegara formalmente al Congreso. El vicecoordinador panista, Diego Garrido, advirtió que controlar precios no baja las rentas, sino que desaparece la vivienda, desincentiva la inversión y encarece el mercado. También cuestionó la creación de un Instituto de Inquilinos por considerar que rompería el equilibrio entre las partes.
En respuesta, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, calificó de irrisorio que la oposición criticara la iniciativa sin conocerla formalmente. Recordó que el precio de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025, dejando a solo uno de cada diez jóvenes con casa propia. Bravo defendió la reforma al señalar que busca frenar la expulsión de personas de sus comunidades por aumentos desmedidos en los alquileres.
Búsqueda de equilibrio
Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva y diputado del PVEM, consideró que el reto central del Legislativo será lograr un equilibrio que garantice acceso equitativo y estabilidad en los arrendamientos, pero otorgando también certeza jurídica a quienes invierten en vivienda.
