La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre la entrega a Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y Finanzas de Sinaloa, respectivamente. Ambos son considerados piezas clave del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico.
Silencio oficial en medio de la crisis
Al llegar a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 305 en Mérida, la mandataria fue cuestionada por periodistas sobre el caso. Sin embargo, no emitió comentario alguno, limitándose a continuar con su agenda. Este silencio ha sido interpretado como una estrategia para distanciarse de la controversia que envuelve a Rocha Moya y su círculo cercano.
La entrega voluntaria de Mérida y Díaz a las autoridades estadounidenses ocurrió dos semanas después de que fueran acusados formalmente por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”. Según reportes, ambos habrían comenzado a cooperar con fiscales de Estados Unidos, lo que podría agravar la situación legal de otros implicados.
El contexto de las acusaciones
El 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer acusaciones contra 10 funcionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Los cargos incluyen narcotráfico y posesión de armas, presuntamente a cambio de sobornos millonarios para proteger operaciones del cártel. Además de Rocha Moya, los señalados son:
- Enrique Inzunza Cázarez, senador
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación
- Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
- José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva
- Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán
De este grupo, Mérida y Díaz son los primeros en entregarse a la justicia estadounidense, lo que ha generado especulaciones sobre posibles colaboraciones con las autoridades para reducir sus propias condenas.
Incertidumbre política en Sinaloa
La falta de respuesta de la presidenta Sheinbaum contrasta con la gravedad de los hechos. Mientras los operadores de seguridad y finanzas de Sinaloa comienzan a declarar en Estados Unidos, el vacío de respuestas oficiales intensifica la crisis gubernamental en el estado. Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia al cargo, continúa sin aparecer públicamente, lo que aumenta las dudas sobre su futuro político y legal.
Analistas consideran que la estrategia de Sheinbaum busca evitar desgastes políticos al no pronunciarse sobre un caso que involucra a un miembro de su propio partido, Morena. Sin embargo, el silencio también podría interpretarse como una falta de control sobre la situación, debilitando la imagen de su administración en materia de combate a la corrupción y al narcotráfico.
Hasta el momento, no se ha confirmado si los exfuncionarios entregados han llegado a acuerdos con la Fiscalía de Estados Unidos, pero se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre su cooperación. El caso sigue siendo seguido de cerca por la opinión pública y los medios internacionales.
