En un acto conmemorativo por el 34 aniversario de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, que causaron la muerte de al menos 225 personas y cerca de mil 800 heridos, las víctimas y sus familiares denunciaron el abandono del Gobierno de Jalisco. La ceremonia, realizada en el jardín de San Sebastián de Analco, careció de la presencia de autoridades estatales, lo que generó malestar entre los asistentes.
Testimonio de una sobreviviente
Elvira Sánchez Araujo, de 81 años, quien resultó con quemaduras en el 20% de su cuerpo aquel 22 de abril de 1992, relató: “Perdí a mis padres, todo lo que tenía, mi casa y mi negocio. Los recuerdos no se olvidan. Vivía en Gante, donde también estaba mi negocio. Se murieron mis clientes, se los tragó la tierra. Yo quedé con quemaduras en la espalda y las piernas; ya no volví a ser la misma”. Sánchez Araujo, quien perdió todas sus pertenencias, expresó su sentir: “Que nos den lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada imposible; estamos pidiendo lo que merecemos, lo que perdimos, lo que sufrimos”.
Fideicomiso en riesgo
Integrantes de la Asociación 22 de Abril advirtieron que el fideicomiso destinado a apoyar a las víctimas enfrenta una inminente descapitalización y carece de sustento jurídico. Sonia Solórzano, quien encabezó la ceremonia religiosa en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, alertó que el fondo podría quedarse sin recursos en septiembre. “El fideicomiso para el mes de septiembre ya no tiene un solo peso”, afirmó. Explicó que el fondo se descapitalizó desde 2014, cuando se decidió pagar un seguro de vida en vida a petición de una persona, lo que afectó al resto. Actualmente, se destinan alrededor de un millón y medio de pesos mensuales para apoyos económicos, servicios médicos y gastos fiduciarios, lo que apenas cubre hasta agosto. Solórzano también señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) solo realizó un donativo de 30 millones de pesos en 2003 y no ha asumido su responsabilidad.
Promesas incumplidas
Lilia Ruiz Chávez, representante de la Asociación 22 de Abril, acusó al gobernador Pablo Lemus Navarro de no cumplir su promesa de garantizar presupuesto este año. “Estamos muy desconsolados con esta actitud del gobernador”, dijo. Ruiz Chávez añadió que, aunque inicialmente 26 personas se sumaron a un amparo, varias se retiraron por temor a represalias o por no poder cubrir los costos legales. Señaló que la mayoría de los afectados (37 de 50) son representados por ella, mientras que Solórzano representa a una decena y el resto son independientes.
Avances legales
Eduardo Montelongo, abogado de la Asociación 22 de Abril, detalló que se logró un amparo que garantiza atención médica general, medicinas y atención especializada, incluidas operaciones y ortopedia. Sin embargo, enfatizó la necesidad de un sustento jurídico que garantice los fondos del fideicomiso de manera permanente. “Nosotros lo que queremos es que quede ya constituido en un documento jurídico para que la gente no tenga que estar saliendo a las calles a pelear sus derechos cada año”, afirmó. Montelongo consideró que la omisión más grande es federal, ya que Pemex y el gobierno de México se han deslindado de responsabilidades al no haber culpables ni sentencias condenatorias. Lamentó que las demandas contra Pemex prometidas por el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez no se concretaron.
Presencia de autoridades
A la capilla acudieron el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, y la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Al finalizar la misa, Zamora informó que, por instrucción del gobernador Pablo Lemus, se presentará una iniciativa de ley para garantizar la permanencia de los apoyos a las víctimas. Sin embargo, no asistió al acto posterior en la plaza. Por su parte, Delgadillo acudió a ambas actividades y reconoció que el gobierno municipal tiene una responsabilidad directa con la memoria de la ciudad, y sostuvo que el ayuntamiento realizó las aportaciones que le corresponden.
Incertidumbre persistente
Con los recursos comprometidos apenas hasta agosto o septiembre y sin una garantía legal que obligue a su financiamiento, las víctimas de las explosiones del 22 de abril enfrentan un escenario que se repite cada año: la incertidumbre sobre su atención médica y su sustento. A más de tres décadas de la tragedia, la exigencia sigue siendo la misma: que el Estado asuma su responsabilidad y deje de trasladar a los sobrevivientes la carga de pelear, una y otra vez, por derechos que no tendrían que seguir reclamando.
