El aborto debe considerarse en todo el país como un procedimiento médico que debe legislarse desde una perspectiva sanitaria, no penal, para eliminar las barreras en su aplicación, coincidieron profesionales de la salud y especialistas del colectivo Salvemos Miles de Vidas México.
19 años de la ILE en la Ciudad de México
A 19 años de que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación fue aprobada en la Ciudad de México, el 24 de abril de 2007, y pese a los avances legales en distintas entidades, persisten barreras que limitan la atención oportuna y completa, señalaron los especialistas.
Entre esas barreras destacan el estigma, la desinformación y el temor a la criminalización, tanto para las personas usuarias como para el personal de salud. En la práctica, estos elementos se traducen en retrasos, servicios incompletos y decisiones condicionadas por el miedo.
El aborto sigue tipificado como delito
Los especialistas destacaron que una de las principales barreras es que el aborto siga tipificado como delito en todo el país, incluso en la Ciudad de México. Esto genera incertidumbre en el personal de salud y miedo en las personas para acceder a los servicios, lo que en muchos casos retrasa la atención o empuja a procedimientos inseguros.
Peor aún, el acceso al aborto seguro en México sigue dependiendo del lugar donde se vive, de los servicios de salud disponibles, de los recursos económicos y de si la legislación local aún no se ha actualizado y continúa criminalizándolo.
40% de abortos en CDMX provienen de otros estados
Datos de la Secretaría de Salud de la CDMX indican que una de cada diez interrupciones legales del embarazo realizadas en la capital corresponde a niñas, mujeres y personas gestantes provenientes de otras entidades del país. Esto muestra la necesidad de eliminar las restricciones legales y barreras de acceso a los servicios de salud, y expone cómo la ILE en la CDMX ha funcionado como una red de atención nacional ante las desigualdades en el acceso a servicios de salud reproductiva.
Según la Secretaría local, desde que se despenalizó el aborto en la capital, se han registrado poco más de 300 mil procedimientos con cero muertes maternas. Esto demuestra que cuando existen servicios seguros, con personal capacitado y sin estigma, las mujeres no tienen por qué poner en riesgo su vida con procedimientos inseguros, afirmó Sandra Karina Gaspar Martínez, médica ginecobstetra que ejerce en la CDMX y el Estado de México.
Desafortunadamente, esa no es la realidad para todas en el país, pues aún hay entidades con regulaciones restrictivas y prohibitivas. Esto, además de ponerlas en riesgo, se convierte en un problema de desigualdad nacional, ya que el aborto debe ser un servicio de salud esencial para cualquier mujer, independientemente del lugar donde viva.
La ILE ha demostrado reducción de mortalidad materna
Según el colectivo Salvemos Miles de Vidas México, la ILE en la capital ha demostrado que cuando el Estado garantiza el acceso, la mortalidad materna por causas evitables disminuye, al sustituir prácticas inseguras por atención médica oportuna y regulada. Mencionó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año ocurren alrededor de 25 millones de abortos inseguros, responsables de aproximadamente 13% de las muertes maternas, mismas que se pueden prevenir garantizando el acceso a servicios seguros.
Otras barreras: desinformación y objeción de conciencia mal aplicada
Otra de las barreras es la desinformación institucionalizada y el estigma persistente dentro de las instituciones de salud. Joselyn Rivera Vilchis, médica general y psicoterapeuta psicoanalítica en León, Guanajuato, destacó que pese a los avances jurídicos, quienes quieren interrumpir su embarazo se enfrentan a una objeción de conciencia mal aplicada, que se utiliza no como un derecho individual del personal, sino como un bloqueo institucional para negar el servicio.
Por ello, mantener el aborto en el código penal es un error de gestión pública que cuesta vidas y manda el mensaje de que es un delito, no un servicio de salud, afirmó. Peor aún, esas barreras provocan que el acceso no sea siempre oportuno ni uniforme: hay retrasos en la atención, servicios incompletos y decisiones condicionadas por el miedo a consecuencias legales.
José Enrique Bolaños, ginecobstetra en la CDMX y el Estado de México, aseguró: Necesitamos que el aborto se regule solo como lo que es: un servicio de salud. Esto nos permitiría a todos los que hacemos parte del personal de salud, trabajar sin barreras ni miedo a la criminalización. Necesitamos que nos dejen trabajar desde la perspectiva médica, profesional y de salud, sin que una legislación nos ate las manos.
Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera, especialista en salud sexual en Morelos, sentenció: Mientras el aborto permanezca en el Código Penal, aunque tenga excepciones o causales, implica que sigue tratándose como un tema penal y no de salud. Ello, en la práctica, se traduce en miedo de las usuarias a ser denunciadas, miedo del personal de salud a actuar, miedo institucional a garantizar plenamente el servicio. Para quienes brindamos atención, significa trabajar en una zona ambigua, donde el cuidado convive con el riesgo legal y moral, limitando la posibilidad de ofrecer una atención abierta, empática y sin reservas.
Y cerró: Si el aborto se regulara únicamente como un servicio de salud, dejaría de ser un acto vigilado para convertirse, por fin, en una decisión acompañada.
Urgen a legisladores a seguir el ejemplo de la CDMX
Los integrantes de la red Salvemos Miles de Vidas México urgieron a legisladores federales y estatales a aprender del caso de la CDMX, como un ejemplo de éxito regional que ha probado los beneficios de una política enfocada en la salud y la dignidad.
