El gobierno federal de México ha decidido no dar curso a la solicitud de Estados Unidos para detener y extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios de su administración estatal, acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico. La negativa se basa en la falta de pruebas suficientes que acrediten la urgencia del caso, según informaron las autoridades mexicanas.
Silencio desde Washington
Lo que preocupa a diversos sectores es el silencio que ha mantenido el gobierno de Estados Unidos ante esta negativa. La administración de Donald Trump, conocida por su estilo directo, podría tomar cartas en el asunto y exigir la detención y extradición de los implicados, lo que podría tensar aún más la relación bilateral.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, afirmó que la Fiscalía General de la República no encontró elementos legales para cumplir con la petición estadounidense, argumentando que no se presentaron pruebas que justificaran la urgencia. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que no tenían ningún indicio sobre la supuesta relación del exgobernador con el crimen organizado.
Denuncias desde Michoacán
En un contexto paralelo, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, denunció que en Michoacán quien realmente gobierna es el crimen organizado. En una entrevista con el diario español El País, Quiroz señaló que las acciones cotidianas contra los ciudadanos reflejan el control del crimen en la región.
Esta situación ha generado preocupación entre analistas y ciudadanos, quienes consideran que el gobierno federal tiene en sus manos una “bomba de tiempo” que podría estallar si no se maneja con cuidado, especialmente ante la posible reacción de Estados Unidos.
Consecuencias bilaterales
La negativa mexicana podría tener severas consecuencias en la relación bilateral, ya que Estados Unidos podría interpretar esta acción como una falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Expertos advierten que ignorar las peticiones del Departamento de Justicia estadounidense podría llevar a un distanciamiento mayor entre ambos países.
El gobierno federal, por ahora, mantiene una postura de “cerrar el zaguán” y hacer oídos sordos a las solicitudes de extradición, lo que ha sido criticado por diversos sectores que piden una mayor transparencia y colaboración internacional.
