El gobernador Pablo Lemus inició su gestión colocando el tema de las personas desaparecidas en el centro de su política pública, marcando distancia de la indolencia de su predecesor, Enrique Alfaro. Esta acción generó esperanza en miles de familias jaliscienses que buscan a sus seres queridos. Sin embargo, año y medio después, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas parece haber desaparecido, y el compromiso gubernamental se ha diluido.
Dos eventos que profundizan la crisis
En los últimos días, dos sucesos han agravado la crisis de desapariciones en el estado. El primero fue la localización del cuerpo de una persona desaparecida en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), diez años después de su muerte. Los familiares buscaron incansablemente durante una década por todo el país, sin saber que el cuerpo yacía en una dependencia estatal, sepultado por la burocracia. Este hallazgo provocó la ira y desesperación de grupos de madres buscadoras, que intentaron ingresar por la fuerza a las instalaciones, que sospechan se han convertido en una gran fosa clandestina. Cientos de cuerpos permanecen enterrados debido a la incapacidad física y la insuficiencia presupuestal.
El segundo hecho fue el descubrimiento, por parte del grupo Madres Buscadoras de Jalisco, de un predio en Lagos de Moreno donde se encontraron hornos y restos óseos que, según todas las evidencias, podrían ser humanos. Aunque la noticia no generó el mismo revuelo que el caso del Rancho Izaguirre por falta de una imagen impactante, su gravedad es similar y confirma la existencia de centros de reclutamiento y exterminio en territorio jalisciense.
Ausencia de respuesta gubernamental
Ninguno de estos casos fue atendido por la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, creada por Pablo Lemus. La secretaria Edna Montoya tiene un perfil poco mediático, lo cual es adecuado para labores de inteligencia, pero la desaparición en Jalisco es un problema social, político, policiaco y de justicia que requiere la coordinación de múltiples áreas gubernamentales. Ante este perfil, sería esperable que el coordinador de Seguridad del gabinete, Roberto Alarcón Estrada, diera la cara y atendiera a las familias y grupos de madres buscadoras, pero tampoco lo hace. En su lugar, se deja que la fiscalía especializada y el Instituto de Ciencias Forenses enfrenten los problemas como puedan, sin recursos suficientes.
La pregunta que surge es si tiene sentido mantener una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda que no acompaña a las víctimas y una Coordinación de Seguridad que no enfrenta la crisis forense, cuando lo que falta no es burocracia, sino recursos para la búsqueda e identificación de personas. No hay respuesta, solo indignación.
