FIDH expone malentendido gubernamental sobre desapariciones forzadas en México
La reacción adversa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) surge de un "malentendido" fundamental sobre el concepto de desapariciones forzadas, según Jimena Reyes, directora de la Oficina de las Américas en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). En entrevista con Proceso, Reyes explicó que las autoridades mexicanas erróneamente asocian este delito con la idea de un Estado fallido, una interpretación que distorsiona la gravedad del problema.
La paradoja mexicana y la impunidad estructural
"Creo que en el gobierno piensan que decir que hay desapariciones forzadas y que son crímenes de lesa humanidad equivale a decir que México es un Estado fallido, y esto no es cierto", afirmó Reyes. La experta destacó la paradoja que vive México y América Latina: "Tenemos gobiernos que funcionan, con elecciones, empresas que avanzan, gente que va a su trabajo todos los días y que regresa sin problema, y al mismo tiempo tenemos actores no estatales, del crimen organizado, que producen niveles de violencia similares a los de un conflicto armado".
Reyes subrayó que el informe del CED, que activó su artículo 34 para llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU, busca mejorar la eficiencia estatal. "El Derecho penal internacional permite agrupar los casos en función de un patrón de temporalidad y de modus operandi, y en función de esto rastrea la cadena de mando para ir hacia los altos mandos", explicó. Sin embargo, en México persiste la impunidad, con justicia limitada a autores materiales y no a los responsables superiores.
Respuesta gubernamental y confusión conceptual
Frente a las descalificaciones del gobierno de Sheinbaum, Reyes reiteró: "Se entiende la molestia, pero el tono del comité es amigable, es una muestra de querer apoyar". Añadió que comprende la frustración presidencial, dado que administraciones anteriores negaron el problema, pero insistió en que el CED pide mayor eficacia en las acciones estatales.
La activista abordó dos puntos de conflicto:
- El Estado critica la referencia al Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad, pero la convención sobre desapariciones forzadas establece en su artículo 5 que estos delitos son crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional.
- Existe confusión sobre la posibilidad de que actores no estatales, como el crimen organizado, cometan desapariciones forzadas. Reyes aclaró que el artículo 2 de la convención especifica que grupos pueden cometer estos delitos con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado.
Precedente internacional y necesidad de un cambio de paradigma
El informe del CED marca un precedente crucial para redefinir las desapariciones forzadas en contextos de violencia criminal global. Reyes citó el ejemplo de Colombia, donde el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad por grupos paramilitares y guerrillas impulsó reformas judiciales profundas. "Esto es exactamente lo que nosotros, como FIDH, queríamos hacer en México: decir que la situación es muy grave y que necesita un cambio total de paradigma", afirmó.
Con más de 132 mil personas desaparecidas en registros oficiales, Reyes advirtió que, al ritmo actual, se necesitarían 120 años para investigar todos los casos. Incluso sugirió que sería positivo llevar el tema ante la Corte Penal Internacional, adaptando instrumentos del siglo XX para enfrentar a actores violentos del siglo XXI.
Negación y evolución en la respuesta estatal
Reyes recordó que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno negaba la existencia de desapariciones forzadas, una postura que cambió con la presión social. Sobre la actual administración, comentó: "Estamos ante una situación de negación, pero pienso que va a evolucionar". Destacó casos recientes, como el de Hernán Bermúdez Requena en Tabasco, acusado de desaparición forzada tras ser nombrado por Adán Augusto López Hernández.
La FIDH presentó pruebas al CED de la participación de servidores públicos en desapariciones forzadas desde 2006, incluyendo ejemplos en Coahuila y Nayarit. Reyes concluyó que, sin investigar los vínculos de corrupción, no se podrá atender adecuadamente este flagelo, que trasciende fronteras y exige una respuesta coordinada y basada en derechos humanos.
