En Huamuchitos, una comunidad rural del municipio de Acapulco, Jesús y Jennifer contrajeron matrimonio recientemente. Ambos son menores de edad; casi niños. Sus rostros, difundidos en redes sociales, son el reflejo más reciente de una problemática sistémica: en los últimos cinco meses se han documentado al menos seis enlaces de este tipo en la entidad, celebrados de manera pública, con música, banquetes y el respaldo de sus comunidades.
Esta realidad no es un hecho aislado. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), cerca de 12 mil mujeres adolescentes de entre 12 y 17 años viven en situación de matrimonio o unión forzada en el estado de Guerrero, concentrándose la mayoría de los casos en la región de la Montaña, la Costa Chica y las periferias rurales de Acapulco.
El peso de la dote
La permanencia de estas uniones está ligada en su mayoría al pago de la dote, un acuerdo económico donde los padres de la novia reciben dinero en efectivo a cambio de la mano de su hija. Durante las festividades, la transacción se reviste de tradición con la entrega de regalos rituales como pan, buñuelos, cerveza, mezcal y refrescos, insumos con los que se consuma formalmente el compromiso entre los jóvenes.
Para Leticia Bonifaz, abogada e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el trasfondo económico de la dote obedece a una demostración de estatus en las comunidades: “No es que la estén cambiando por esos bultos, sino que (el novio) está demostrando que tiene la capacidad económica para sostenerla”, explicó.
Sin embargo, la especialista precisó que el fenómeno de vulnerabilidad tiene un sesgo de género alarmante, pues la cantidad de niñas casadas triplica a la de los varones debido a que, en una cantidad significativa de casos, las adolescentes son unidas de forma asimétrica con hombres adultos.
Efectos irreversibles
Los colectivos de derechos humanos y especialistas coinciden en que el matrimonio forzado trunca el desarrollo de las infancias de manera inmediata. Los enlaces suelen pactarse en cuanto el cuerpo de las menores experimenta los cambios propios de la pubertad, detonando una cadena de consecuencias que marcan su vida adulta.
“Las niñas son las que usualmente, después de esto, abandonan la escuela y ya tienen secuelas para el resto de su vida”, advirtió Bonifaz.
Por su parte, Carolina Giles, psicóloga especializada en la atención de matrimonios forzados, alertó que el factor económico despoja de dignidad y autonomía a las víctimas: “El pagar por una niña, por una adolescente o por una mujer es algo muy lamentable. El matrimonio forzado es el inicio de una vida llena de otro tipo de violencias; hay que decirlo: cuando estas niñas se casan, dejan la escuela, y algo muy lamentable es que su primera relación sexual muchas veces no es con consentimiento”.
Prohibición legal y persistencia
Desde el año 2022 el matrimonio forzado infantil quedó estrictamente prohibido en el Código Penal de Guerrero, estableciendo penas de hasta 15 años de prisión para los padres, familiares o cónyuges que obliguen, coaccionen o induzcan a un menor de edad a contraer matrimonio o cohabitar. A pesar del rigor de la ley, la persistencia de las bodas con dote demuestra que la vía punitiva ha sido insuficiente para erradicar los usos y costumbres que perpetúan el fenómeno.
“No todo puede ser cómo llega a castigarse penalmente, sino cómo prevenir que esto siga sucediendo. Las campañas de sensibilización son lo que habría que estar reforzando”, concluyó la investigadora Leticia Bonifaz, instando a las autoridades federales y locales a implementar políticas de fondo en materia educativa y social para frenar el arraigo de estas prácticas.
