Defensores de derechos humanos en Oaxaca han señalado un "preocupante retroceso" en la materia desde el inicio de la administración de Salomón Jara Cruz, en diciembre de 2022. En un informe presentado por la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca, que agrupa a 23 organizaciones, se advierte sobre violaciones sistemáticas que contrastan con el discurso oficial de "transformación".
Criminalización y judicialización de activistas
El análisis se centra en la criminalización de la protesta y la judicialización de activistas que defienden la tierra frente a megaproyectos, con el uso constante de la fuerza pública. Las organizaciones denuncian que Oaxaca es uno de los estados más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos y el periodismo, con un alto índice de impunidad.
Cifras alarmantes
El informe registra el asesinato de 33 activistas desde diciembre de 2022. Además, las cifras de feminicidios y desapariciones mantienen una tendencia alarmante que la administración de Jara no ha logrado revertir. La falta de diálogo efectivo ha provocado que numerosos conflictos territoriales escalen a la violencia.
Exigencias al gobierno estatal
La Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca pide la atención del gobernador Salomón Jara y exige al Estado rendir cuentas más allá de las cifras oficiales. Las organizaciones subrayan la necesidad de un compromiso real para garantizar la seguridad de los defensores y detener la impunidad.
