Obispo emérito de Saltillo denuncia encubrimiento gubernamental en crisis de desapariciones
Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo, Coahuila, ha realizado una dura denuncia sobre la grave crisis de desapariciones forzadas que afecta a México, señalando que el gobierno se ha negado sistemáticamente a enfrentar esta problemática y ha tolerado la colusión entre autoridades y delincuencia organizada.
Una década de documentación y desatención
El religioso, quien ofreció estas declaraciones tras una misa en el Santuario de Guadalupe, reveló que desde el año 2010 el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios ha documentado exhaustivamente los casos en el noreste del país. "Empezamos a conocer porque llegan las madres de los desaparecidos, y de distintas partes en el país", afirmó Vera López, destacando que la situación sigue siendo igual de grave en la actualidad.
El obispo describió cómo las quejas de familias buscando a sus seres queridos se volvieron "cada día más abrumadoras", forzando al centro de derechos humanos a dedicarse completamente a esta problemática. Esta persistencia de las desapariciones, según Vera, es consecuencia directa de la participación activa de autoridades con grupos criminales.
Corrupción e impunidad institucionalizadas
Vera López fue categórico al calificar a las autoridades como "miserables" y "haraganes y corruptos", acusándolas de hacer negocios con la delincuencia y convertirse en cómplices de los grupos criminales. "El gobierno mexicano no ha enfrentado nunca, porque hay cómplices dentro de los gobiernos, la impunidad que dejan", declaró el obispo emérito.
Entre los indicadores más alarmantes de esta crisis, el religioso mencionó la proliferación de fosas clandestinas en todo el territorio nacional, evidenciando la permisividad de las autoridades hacia estos crímenes. La corrupción, según Vera, ha erosionado completamente el respeto a los derechos humanos en México.
Patrones persistentes y atención a migrantes
El obispo también recordó la labor del padre Pedro Pantoja en la atención a migrantes desaparecidos, destacando cómo desde hace años se mantiene correspondencia con familias centroamericanas que desconocen el paradero de sus seres queridos. "Era cuando todavía se subían a los trenes y lo conocimos de viva voz", señaló sobre los testimonios recabados.
Actualmente, tanto el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios como el Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas –organizaciones que representa– continúan abordando el tema de las desapariciones con patrones similares a los documentados desde hace más de una década, demostrando la persistencia estructural del problema.
Llamado internacional y responsabilidad gubernamental
La gravedad de la situación ha llevado al Comité de las Desapariciones Forzadas de la ONU a remitir el caso mexicano a la Asamblea General, un hecho que Vera López considera completamente justificado dada la "colusión criminal" tolerada por el Estado.
El obispo concluyó con un enérgico llamado al gobierno mexicano: "México debe dar la cara porque nosotros los estamos inculpando". Su denuncia pone en evidencia no solo la crisis humanitaria que representan las desapariciones forzadas, sino la corrupción institucional que permite su continuidad.
