Organizaciones civiles como Tejiendo Redes Infancia y Reinserta han exigido al Estado mexicano una respuesta urgente ante el reclutamiento forzado de miles de niños, niñas y adolescentes, evidenciado en el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición de personas en México.
Informe de la CIDH alerta sobre crisis de desapariciones
Las organizaciones resaltaron que una de las conclusiones del organismo regional alertó que las desapariciones de 18 mil 192 niñas, niños y adolescentes, al 19 de agosto de 2025, tienen una relación fundamental con la actuación del crimen organizado, con aquiescencia de agentes estatales. El documento subraya que el aparente reclutamiento voluntario de la niñez y adolescencia está motivado por pobreza, exclusión, violencia intrafamiliar, violencia sexual, ausencia estatal y búsqueda de pertenencia.
Estados con mayor incidencia de reclutamiento
El informe de la CIDH da cuenta de que los estados en los que se ha detectado reclutamiento forzado a través de ofertas laborales son Nayarit, Jalisco y Zacatecas. También hay reclutamiento con distintas estrategias en Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Urgen tipificación del delito autónomo
Frente a esta realidad, resulta urgente que el Estado mexicano avance en la tipificación del delito autónomo de reclutamiento y utilización por parte del crimen organizado, exigieron las organizaciones firmantes del posicionamiento. Nombrar esta violencia en el marco penal no solo es indispensable para prevenir, investigar, sancionar y reparar, sino también para generar un piso mínimo institucional que permita construir políticas públicas, mecanismos de protección y estrategias de prevención acordes con la magnitud de la crisis.
Expansión de estrategias de captación criminal
El informe de la CIDH refleja la expansión de estrategias de captación criminal dirigidas tanto a infancias y adolescencias como a juventudes en diversas regiones del país. Las organizaciones advirtieron que desde hace años denunciaban la participación del crimen organizado en las desapariciones de personas menores de 17 años, así como la falta de enfoques comunitarios e interculturales, sobre todo tratándose de niños indígenas.
Testimonios de víctimas sobrevivientes
La CIDH logró documentar a través de testimonios de víctimas sobrevivientes que muchas de las desapariciones de adolescentes están vinculadas a ofrecimientos económicos o promesas vinculadas al uso de armas. Algunos jóvenes regresan con vida, otros permanecen en las estructuras criminales y otros más fallecen en hechos violentos.
Factores de vulnerabilidad y violencia estructural
La CIDH confirmó que detrás del aparente reclutamiento voluntario persisten factores como la pobreza, la ausencia de oportunidades, la violencia física y sexual al interior de las familias, la debilidad institucional y la cercanía cotidiana con dinámicas del crimen organizado. Estos elementos generan escenarios de vulnerabilidad que facilitan la captación de infancias y adolescentes, muchas veces bajo la búsqueda de pertenencia, protección o reconocimiento social. Las organizaciones apuntaron que son situaciones relacionadas con violencia estructural.
En ese sentido, el informe subraya que las y los adolescentes se encuentran entre las poblaciones más afectadas en contextos de criminalidad organizada, debido al riesgo constante de ser captados y utilizados, comprometiendo su vida, integridad y posibilidades de desarrollo integral.
Exigen atención a recomendaciones de la CIDH
Tras exigir la atención a las recomendaciones que hizo la CIDH en su informe para proteger a la población infantil y las infancias en riesgo de ser reclutadas por el crimen organizado, e implementar de manera efectiva el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata de niñas y adolescentes, las organizaciones llamaron a detener las desapariciones de menores de edad. “No se trata únicamente de buscar a nuestras personas desaparecidas. Se trata de impedir que continúen siendo captadas, utilizadas y violentadas por estructuras de macrocriminalidad que operan en diferentes territorios del país”, sentenciaron Tejiendo Redes Infancia y Reinserta.
