La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo en contra de una ley electoral que buscaba proteger el voto de las minorías, lo que representa una victoria para los republicanos en la recta final hacia las elecciones de 2024. La decisión, dividida en líneas ideológicas, invalidó una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto que exigía a ciertos estados con historial de discriminación racial obtener aprobación federal antes de modificar sus leyes electorales.
Impacto del fallo
El fallo de la Corte Suprema elimina la necesidad de que estados como Alabama, Georgia y Texas reciban autorización previa para cambiar sus normas electorales. Esto permitirá a los legisladores republicanos en esos estados implementar medidas como requisitos de identificación más estrictos y limitaciones al voto por correo, medidas que los críticos consideran que suprimirán el voto de las minorías.
Reacciones encontradas
Mientras los republicanos celebraron la decisión como un paso hacia la integridad electoral, los demócratas y grupos de derechos civiles la condenaron, argumentando que desmantela protecciones fundamentales. El presidente Joe Biden calificó el fallo como un "golpe a la democracia" y prometió trabajar con el Congreso para restaurar las salvaguardas.
- Republicanos: La decisión elimina trabas burocráticas y devuelve el control electoral a los estados.
- Demócratas: Temen que se repitan prácticas discriminatorias del pasado, como las pruebas de alfabetización y los impuestos electorales.
El caso, conocido como Allen v. Milligan, se centraba en la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto de 1965. La mayoría conservadora de la Corte argumentó que el mapa electoral de Alabama, que diluía el voto afroamericano, no violaba la ley. Sin embargo, el juez John Roberts, en un voto concurrente, señaló que el Congreso debería actualizar la fórmula para determinar qué estados están sujetos a supervisión.
Consecuencias políticas
El fallo llega en un momento crucial, cuando ambos partidos se preparan para las elecciones de medio término y presidenciales. Los republicanos confían en que las nuevas restricciones electorales les darán ventaja en estados clave como Georgia y Arizona. Por otro lado, los demócratas han prometido impulsar una reforma electoral federal, aunque enfrentan obstáculos en un Senado dividido.
Organizaciones como la NAACP y la ACLU anunciaron que impugnarán las leyes estatales que consideren discriminatorias. Mientras tanto, varios estados republicanos ya han comenzado a aprobar proyectos de ley que endurecen los requisitos para votar.
Contexto histórico
La Ley de Derecho al Voto de 1965 fue una de las conquistas más importantes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su Sección 5 requería que ciertos estados y jurisdicciones con antecedentes de discriminación racial obtuvieran la aprobación del Departamento de Justicia o de un tribunal federal antes de cambiar sus leyes electorales. En 2013, la Corte Suprema ya había debilitado esa sección en el caso Shelby County v. Holder, pero el fallo de esta semana elimina por completo la necesidad de autorización previa.
Expertos legales señalan que la decisión de la Corte refleja una interpretación estricta de la Constitución, pero también una falta de confianza en la capacidad del Congreso para legislar sobre derechos electorales. El presidente Biden ha instado al Congreso a aprobar la Ley de Avance del Derecho al Voto, que restauraría las protecciones eliminadas, pero la iniciativa enfrenta una oposición unánime de los republicanos.
