Reforma electoral en México: ¿Golpe final a la democracia o avance necesario?
América Latina tiene una obsesión recurrente: cambiar las reglas electorales. En los últimos 45 años, 19 países de la región han implementado un total de 297 reformas legales en este ámbito. Sin embargo, el problema radica en que muchas de estas modificaciones, lejos de fortalecer la democracia, la han debilitado significativamente. Investigaciones académicas han documentado cómo las reformas legales se han convertido en una herramienta para acceder o retener el poder, pero no siempre para mejorarlo o democratizarlo.
Efectos perversos de las reformas electorales
Si bien numerosas reformas han significado avances en derechos, pluralismo e inclusión política, otras han generado efectos perversos y contraproducentes. A menudo, se copian mal reformas de otros países o nacen de caprichos personalistas, sin diagnósticos serios ni consensos amplios entre las fuerzas políticas. Dos ejemplos dramáticos ilustran esta afirmación de manera contundente.
Primero, la reelección presidencial indefinida. Entre 2009 y 2025, cinco países latinoamericanos eliminaron los límites a la reelección presidencial. El resultado ha sido un claro deterioro democrático en esas naciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que la reelección indefinida contradice directamente los principios fundamentales de la democracia representativa.
Segundo, el voto preferencial. La promesa inicial era democratizar los partidos políticos y crear vínculos directos entre ciudadanos y candidatos. Los resultados, sin embargo, fueron catastróficos: guerra interna partidaria, personalización extrema de la política, aumento del clientelismo, campañas electorales excesivamente caras y exclusión sistemática de las mujeres en los procesos políticos.
Cuatro lecciones clave
De estas experiencias se derivan cuatro lecciones fundamentales: muchas reformas responden principalmente a un interés político inmediato; frecuentemente producen efectos contrarios a sus objetivos declarados; casi nunca se evalúan adecuadamente sus consecuencias a largo plazo; y tienden a concentrar o fragmentar el poder de manera desequilibrada.
La reforma electoral mexicana: un llamado a la violencia
La reforma electoral que se encuentra en ciernes en México representa, según algunos especialistas, el golpe final a la democracia en el país. El oficialismo ha hablado de reducir el número de representantes electos por representación proporcional en las cámaras legislativas, disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y limitar la independencia de las instituciones electorales autónomas.
Los efectos potenciales de estas medidas conducirían a la consolidación de la concentración de poder en el partido gobernante mediante la eliminación de facto de la capacidad de la oposición para formar mayorías alternativas. En pocas palabras, llevarían a terminar con la alternancia política que ha caracterizado periodos democráticos anteriores.
Una reforma de esta naturaleza es interpretada por algunos analistas como un llamado indirecto a la violencia política. Al cerrarse las vías institucionales de acceso al poder, se impediría la formación de mayorías que de todas maneras tendrían una base social significativa, pero que no podrían expresarse adecuadamente en la toma de decisiones parlamentarias, ejecutivas y, tras reformas judiciales recientes, en el Poder Judicial federal y estatal.
El consenso como requisito fundamental
Primero lo obvio: la mejor reforma electoral es aquella que surge del consenso de las diversas fuerzas políticas, dado que se trata del marco normativo que debe regular su competencia y convivencia democrática. Esto se entendió claramente en el pasado mexicano, donde la diversidad instalada en el Congreso logró que las últimas cuatro reformas electorales contaran con el aval de la pluralidad política representada.
No parece que este enfoque consensuado se encuentre actualmente en la agenda gubernamental. Es probable que desde el gobierno se esté pensando en una operación legislativa diseñada para beneficiar principalmente a su coalición política, aprovechando la mayoría espuria en la Cámara de Diputados y la compra de voluntades en el Senado de la República.
Elementos para una auténtica reforma electoral
Una auténtica reforma electoral debería incluir por lo menos los siguientes elementos fundamentales:
- Lograr que entre votos emitidos por la ciudadanía y escaños obtenidos en la Cámara de Diputados exista una correspondencia matemática justa y transparente.
- Que las autoridades electorales recuperen plenamente su autonomía para ofrecer garantías de imparcialidad en todos los procesos. Su elección debería realizarse con el consenso de las fuerzas políticas con presencia efectiva en el Congreso.
- Fortalecer las condiciones de equidad en la competencia electoral, sin las cuales es imposible hablar de auténticos comicios democráticos.
- Preservar y fortalecer los servicios civiles de carrera en los institutos electorales locales y el instituto nacional.
- Mantener el esquema federalista, con autoridades nacionales para los comicios federales y autoridades estatales para las elecciones en las entidades federativas.
- Redoblar las disposiciones legales para impedir que los gobiernos de todos los niveles intercedan indebidamente en la contienda electoral.
Evitar la regresión democrática
Todos los modelos electorales son perfectibles y esto se logra en toda democracia madura mediante reformas electorales bien diseñadas y consensuadas. La pregunta crucial es saber qué requisitos deben cumplir estas reformas para que realmente sean democráticas y, por ende, inclusivas de todas las voces políticas y sociales.
En la historia democrática mexicana reciente, las reformas electorales siempre han sido impulsadas principalmente por la fuerza política que quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales anteriores. Las buscan los partidos de oposición con el fin de corregir errores del diseño institucional que salieron a la luz durante el proceso electoral. Esto ha implicado tradicionalmente que todas las fuerzas políticas se sienten en la mesa de negociaciones para buscar consensos y definir las mejores reglas del juego democrático al que todos deberán someterse.
En el contexto actual, la iniciativa de reforma emana directamente del Poder Ejecutivo, es decir, del partido que ha ganado las dos últimas elecciones presidenciales y legislativas consecutivas. Hoy la oposición política no está sentada en la mesa de negociaciones y esto implica que una parte significativa de la sociedad mexicana no esté representada adecuadamente en estos debates cruciales.
La reforma debe tomar en cuenta la evolución democrática de México, los avances alcanzados tras décadas de lucha. No puede ser regresiva en ningún aspecto. Debe también fortalecerse sustancialmente la justicia electoral, ya que los tribunales electorales deben constituir el pilar fundamental de cualquier sistema electoral democrático. Son los órganos que otorgan certeza jurídica y legitimidad a los resultados electorales.
Respetar la voluntad del electorado
A fin de garantizar que la integración de la Cámara de Diputados refleje fielmente la voluntad real del electorado y que las reformas constitucionales sean resultado de la deliberación entre la pluralidad política y no de la imposición de una sola fuerza, se deben mantener las curules de representación proporcional y corregir la indebida e inconstitucional interpretación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que permite una sobrerrepresentación excesiva y la conformación de una mayoría calificada por una misma fuerza política.
Así, se debe hacer explícito en la legislación que el límite máximo de 300 diputaciones y de ocho puntos de sobrerrepresentación previsto en la Constitución se aplica también a las coaliciones políticas. Si eventualmente se redujera el número de diputaciones de representación proporcional, estas deberían tener sólo una función compensatoria en favor de los partidos subrepresentados conforme a la elección por el principio de mayoría relativa.
Para garantizar que el Senado de la República refleje igualmente la voluntad real del electorado y que cada estado tenga igual número de senadurías, debería establecerse que las cuatro senadurías por cada entidad federativa se elijan por el principio de representación proporcional. Para fortalecer la voluntad ciudadana y reducir el peso excesivo de los partidos políticos, podría preverse que la lista de candidaturas por representación proporcional tenga el carácter de abierta, o cerrada pero desbloqueada, o se forme con quienes obtuvieron los mejores porcentajes de votación y no ganaron por mayoría en sus distritos.
