ONG y comunidades de Oaxaca denuncian que políticas neoliberales como el fracking empobrecen territorios
En el marco del Tercer Foro Permanente en Defensa del Territorio y la Propiedad Social, celebrado en Santa María Atzompa, Oaxaca, representantes de 30 organizaciones, 55 comunidades y 24 autoridades comunales y ejidales emitieron una contundente denuncia. Acusaron que, desde la Cuarta Transformación (4T), se promueve una lógica capitalista neocolonial y neoliberal, con prácticas como el fracking, que empobrecen los territorios y legalizan el saqueo para beneficiar a empresas trasnacionales con sede en países imperialistas.
Impactos devastadores de las políticas neoliberales
Los participantes del foro señalaron que estas políticas han generado una multiplicación de casos de desplazamiento forzado en diversos territorios. Además, destacaron una mayor presencia del crimen organizado en zonas donde se implementan megaproyectos o existen intereses económicos estratégicos. Los territorios han sido militarizados, y se ha incrementado la imposición de proyectos inmobiliarios que afectan directamente la propiedad social, especialmente en áreas costeras y ecosistemas frágiles.
Entre los problemas específicos mencionados se encuentran:
- Recrudecimiento de conflictos agrarios, avivados por autoridades estatales o instancias federales.
- Ampliación de redes carreteras que facilitan el saqueo de recursos naturales.
- Aumento de las desapariciones forzadas y agresiones contra defensoras y defensores del territorio.
- Sobreexplotación del agua, con una distribución inequitativa que concentra la demanda en zonas urbanas con fines comerciales.
- Imposición de proyectos como el hidrógeno verde en el Istmo de Tehuantepec y la Presa Margarita Maza, sin considerar impactos ambientales ni respetar procesos de consulta previa, libre e informada.
Homenaje a defensores asesinados y contexto político
Durante el foro, se rindió un minuto de silencio en memoria de los 39 defensores del territorio que han sido asesinados por su labor en la protección de derechos. Entre las víctimas nombradas se encuentran Ana Cristina García, Constantino Silvestre Luis Pacheco, y otros activistas cuyas muertes, según los denunciantes, son negadas por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.
Los participantes criticaron que el gobierno de la 4T, a nivel nacional, continúa con la imposición de megaproyectos y el despojo de tierras. Señalaron que la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto la puerta para legalizar el fracking, lo que consideran un primer paso hacia una nueva reforma energética presionada por Estados Unidos. Además, mencionaron el Plan México, que busca industrializar el país y reactivar el sector minero, junto con propuestas de reforma al artículo 27 constitucional para privatizar la tierra.
Situación específica en Oaxaca
En Oaxaca, acusaron que el gobierno morenista de Salomón Jara, desde 2024, ha impulsado marcos normativos que atentan contra la propiedad social. Ejemplificaron con la iniciativa de modificación del artículo 25 de la ley de ingresos, que proponía estímulos fiscales para convertir propiedad social en privada, aunque fue revertida por presión social. Recientemente, la Cámara de Diputados local aprobó una nueva Ley de Expropiación que amplía las causas de utilidad pública, facilitando al Estado la apropiación de territorios para imponer megaproyectos.
Los denunciantes también hicieron visibles otras amenazas en sus territorios:
- Tala ilegal en bosques y expansión del neolatifundismo.
- Imposición de concesiones y proyectos mineros sin consulta adecuada.
- Contaminación de cuerpos de agua y multiplicación de basureros a cielo abierto.
- Impactos negativos de la agroindustria y monocultivos.
- Sobreexplotación ilegal de materiales pétreos y derrames de hidrocarburos.
Estrategias de defensa y pronunciamientos finales
Frente a este contexto, las comunidades han planteado acciones de defensa, como mantener foros regionales y estatales, fortalecer asambleas comunitarias, y construir una agenda común con diversas formas de lucha. Determinaron defender colectivamente sus territorios por todos los medios a su alcance contra el despojo, y movilizarse para impulsar espacios de formación e información.
Finalmente, manifestaron su respaldo al pueblo zoque de Santa María y San Miguel Chimalapa, condenando el despojo legalizado de su territorio mediante sentencias del Tribunal Superior Agrario que favorecen la devastación ecológica. Se sumaron a la exigencia de justicia pronta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, se pronunciaron contra el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46 de Huajuapam de León, por fomentar conflictos agrarios, y solicitaron la cancelación de sentencias que afectan a comunidades como Chalcatongo de Hidalgo.
