México alza la voz ante muertes de migrantes en Estados Unidos, pero enfrenta críticas por doble moral
La barbarie del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) contra los migrantes ha despertado una ola de indignación en México, tras la muerte de 14 ciudadanos mexicanos bajo su custodia. Estos fallecimientos, atribuidos a negligencia, crueldad y malos tratos en los centros de detención donde se hacinan a indocumentados, han llevado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a tomar acciones determinantes.
Protestas diplomáticas y la sombra de la impunidad en casa
Los funcionarios mexicanos, encabezados por el canciller Roberto Velasco, han iniciado gestiones para exigir al gobierno estadounidense que atienda las condiciones que facilitan estos sucesos lamentables. En un comunicado, la SRE reiteró su compromiso de velar por la protección y dignidad de los mexicanos en el exterior, empleando todos los recursos jurídicos y diplomáticos disponibles. Sin embargo, esta postura firme contrasta con el manejo de una tragedia similar en suelo mexicano.
Cuando 40 migrantes murieron calcinados en una estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Migración (INM), el gobierno federal optó por la impunidad. El entonces responsable, Francisco Garduño, fue protegido y luego recompensado con un nuevo cargo burocrático, lo que ha generado críticas por una aparente doble moral.
Testimonios desgarradores y la necesidad de justicia
Organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho han documentado relatos espeluznantes del incendio en Juárez. Un sobreviviente narró: "Cuando comenzó el incendio, le dije a un policía: 'Hermano, ayúdenos, no nos dejen morir aquí'. El humo tóxico nos inundó, sin que el gobierno actuara". Este caso, donde el Estado mexicano fue directamente responsable, quedó en el olvido, mientras se protesta con vehemencia por las muertes en Estados Unidos.
La situación expone una cruda realidad: México exige respeto a los derechos humanos en el extranjero, pero falla en garantizarlos internamente. Las víctimas en ambos lados de la frontera claman por justicia, en un contexto donde la retórica diplomática a menudo no se traduce en acciones concretas.
